Opinión

Raja política

 
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Protestas por el gasolinazo. (Bloomberg)

Aunque se trata de una buena política pública, la liberalización del precio de la gasolina puede resultar en un fracaso político estrepitoso. Adelantar un año la liberalización del mercado —previsto originalmente para 2018— es además una medida responsable del gobierno para evitar que las elecciones presidenciales socavaran el proceso y acabaran por hundir una medida que en cualquier lugar del mundo es antipopular. Cuando el mercado funcione adecuadamente —más competidores, más infraestructura de transporte, menores costos— el gobierno ya se habrá tragado el costo político y habrá un nuevo gobierno —quizá uno que haya ganado usando la bandera del gasolinazo como una de sus banderas.

Liberalizar el mercado de las gasolinas es una buena política pública para generar más competencia en un mercado monopolizado por Pemex y reducir subsidios regresivos que por muchos años otorgó el gobierno. Así se aprobó en la reforma energética de 2013 aprobada en ambas cámaras del Congreso y en las legislaturas estatales. En febrero de 2016, el gobierno propuso adelantar un año la liberalización del mercado de gasolinas. Los panistas aplaudieron la medida. El senador Jorge Luis Lavalle (integrante de la Comisión de Energía) decía que “para nosotros es positivo todo lo que abra el sector para mejorar los servicios y la calidad de los productos”, y Ernesto Cordero (senador y exsecretario de Hacienda) celebrara porque “entre más pronto aceleremos lo que está planteado en la reforma energética, mejor”.

Sin embargo, algunos empresarios advertían ya lo obvio: la política es positiva pero requiere infraestructura (tanques, transporte, barcos, estaciones) para que el mercado funcione y la competencia mejore los precios. Mientras eso llega habrá una transición costosa y políticamente irritante (y eventualmente podría ser electoralmente desastrosa para el gobierno en turno).

En noviembre pasado se aprobó la Ley de Ingresos 2017 y ahí se estableció que los precios de la gasolina podrían comenzar a liberarse a partir del 1 de enero. La votación en el Senado fue de 79 a favor y 10 en contra.

Sin embargo, tan pronto comenzaron las protestas muchos partidos actúan con amnesia o desconocimiento o cinismo. Intentando deslindar a su partido del descontento cuando ellos mismos son corresponsables de una política que será benéfica a la larga con altos costos en el corto plazo. El presidente del PAN escribió en Twitter que “el aumento de la gasolina es consecuencia de la tóxica reforma fiscal [sic] a la que siempre nos opusimos”. Eso es falso. El aumento de la gasolina es resultado de una reforma energética que ese partido aprobó de forma responsable y de una Ley de Ingresos votada también por ese partido hace pocas semanas.

Senadores del PAN pidieron al presidente acciones inmediatas que protejan a las familias ante los incrementos a las gasolinas. Remitieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para hacer ajustes al impuesto a las gasolinas. Sensato que de la mano de la liberalización hubiese habido un anuncio de una reducción gradual del IEPS, la pegunta es por qué no se hizo en noviembre antes de votar la Ley de Ingresos.

Lopez Obrador dijo que “Peña de nuevo miente, se incrementa el precio de las gasolinas, se afecta la economía popular, se va a desatar por completo la carestía, la inflación. Peña está jugando el papel de verdugo del pueblo […] pero también hay que tomar en cuenta, no dejar pasar el oportunismo y la hipocresía de los panistas […] todos ellos aprobaron la reforma energética […]. Hay que seguir insistiendo que el PRI y el PAN son lo mismo […]; los priistas son corruptos cínicos, los panistas son corruptos hipócritas”.

Uno de los pocos congruentes fue el coordinador de los diputados del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, quien dijo que ningún diputado se debe sorprender por la medida del aumento en las gasolinas y pidió no sacar raja política.

Ha habido peticiones de lo más diverso. Por ejemplo, Hugo Rodríguez Barroso propone vía change.org “No al alza de la gasolina. Mejor, cancelar el financiamiento a los partidos y abolir la dictadura de facto de los partidos políticos en México”.

Es cuestionable que para sacar raja política se trivialice el debate al extremo de que sólo se critica el síntoma en lugar de la enfermedad. El problema se llama fragilidad fiscal: pocos ingresos concentrados en algunos impuestos de fácil recaudación —gasolina, por ejemplo, o impuestos a cigarros o bebidas azucaradas— y un gasto creciente del gobierno que ha llevado a mayor déficit, una menor calificación crediticia y dependencia de impuestos especiales como gasolinas. Y nuevamente los partidos —todos ellos— son corresponsables de haber permitido el descontrol de las finanzas públicas, la quiebra técnica de muchos gobiernos estatales y por ello están orillando al aumento de impuestos —no sólo gasolinas— que muchas entidades gobernadas por diferentes partidos han tenido que implementar: tenencia, impuesto sobre nómina, impuestos al juego, a bebidas alcohólicas, entre otros.

Twitter: @LCUgalde

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