Opinión

Racionalidad en el manejo fiscal

De acuerdo con los datos entregados el jueves pasado por la Secretaría de Hacienda al Congreso, el gobierno obtuvo ingresos tributarios no petroleros por 1 billón 365 mil millones de pesos durante los primeros nueve meses del año.

La cifra para el mismo periodo de 2013 ascendió a 1 billón 237 mil millones.

De modo que el dinero adicional que los contribuyentes entregaron al fisco en los primeros nueve meses de 2014 fue de 128 mil millones de pesos.

La otra cara de la moneda tiene que ver con el gasto público.

El gasto público programable erogado en los tres primeros trimestres de este año fue superior en 308 mil millones de pesos al del mismo periodo de 2013.

Es decir, hubo un gasto 180 mil millones de pesos superior a la carga fiscal adicional.

En términos anualizados, este monto equivale aproximadamente a 1.4 puntos del PIB.

El hecho de que exista esta diferencia es lo que conduce a calificar a la política fiscal de este año como expansiva pese a la carga adicional a los contribuyentes.

Evidentemente ha existido una falta de sincronización entre las dos variables. Todo indica que mientras la mayor carga tributaria impactó en el corto plazo a empresas y familias, el efecto generador de demanda adicional del gasto público se ha retrasado.

El efecto que puede tener este monto en 2014 va a ser limitado, pero el dinero adicional no puede desaparecer, de alguna manera va a llegar a la economía.

Las encuestas respecto a la expectativa económica que se revelen esta semana por parte del Banxico y de Banamex, seguramente van a tener un ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento del PIB para este año, quizás a niveles de 2.2 a 2.3 por ciento.

Si el gobierno no hubiera incurrido en una política fiscal expansiva a través del gasto deficitario, lo más probable es que la economía hubiera crecido sólo alrededor de 1 por ciento. Decidida la reforma fiscal, era crucial tener un gasto contracíclico, era de racionalidad fiscal.

Le comentaba ayer que evidentemente habría motivo de preocupación si en lugar de usarse el déficit público sólo transitoriamente se dejara como algo estructural.

En el escenario comprometido por el gobierno en el Pronafide así como en los Criterios Generales de Política Económica enviados en septiembre al Congreso, se establece que el déficit público en su expresión más amplia (requerimientos financieros del sector público) haya llegado a su máximo en 2014, con un nivel de 4.2 por ciento del PIB y bajaría a 4.0 por ciento en 2015 y luego medio punto cada año hasta estabilizarse en 2.5 por ciento del PIB en 2018.

Bajo este escenario el nivel máximo de la deuda pública en su relación con el PIB, se alcanzaría en 2015 y 2016, con un equivalente a 43.3 por ciento del PIB, para bajar hasta 42.3 en el último año de la actual administración.

Lo que tiene que vigilarse por parte de la sociedad mexicana es que, efectivamente, esta sea la trayectoria que sigan las finanzas públicas en los próximos años, pues si el déficit no tiende a la baja –como está previsto– entonces sí habría que prender las luces rojas.

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