Opinión

Quince días de tormenta

El 11 de febrero Banamex se sacudió violentamente. La PGR había inhabilitado a Oceanografía para concursar y obtener contratos de obra de Pemex por 21 meses. Emilio Granja, director de Banca Corporativa y ejecutivo de cuenta de Oceanografía, una de las empresas globales Premium de Banamex y Citigroup, habló entre el 11 y el 12 de febrero con sus dueños, Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz, para pedirles explicaciones sobre lo que estaba pasando. Era un asunto político, le respondieron, y hablarían con las autoridades para resolverlo, sin dejar de insistirle en que no debería haber mayor problema.

Banamex entró en un frenesí que duró hasta el 26 de febrero, cuando el banco recuperó toda la documentación que les había robado el ejecutivo que llevaba la relación diaria con Oceanografía y Pemex en Ciudad del Carmen. Durante esos 15 días, ningún directivo de Banamex al más alto nivel logró que Yáñez Osuna colaborara con ellos, y se fueron dando cuenta del quebranto conforme pasaban los días y descubrían qué tanto se habían burlado los controles internos del banco.

Una reconstrucción de los hechos dibuja la confusión que reinó en Banamex porque dos áreas del grupo, una controlada y regulada por Banamex, y otra manejada por ejecutivos de Citigroup -los “citibanqueros”-, tenían que ver con los contratos de Oceanografía. Para añadir complejidad, los pagos de Pemex por las obras contratadas a la empresa se realizaban a una sola cuenta concentradora de Banamex, mediante una transferencia diaria, lo que hacía que la reconciliación fuera más difícil de realizar. Cuando se hizo pública la inhabilitación, el área de Control de Factoraje (COFF) reportó pagos pendientes de Pemex por siete mil 500 millones de pesos, pero hasta el 20 de febrero, tras varias reuniones con los abogados de la paraestatal, supieron que el total de contratos con documentos falsos ascendía a poco más de cinco mil millones de pesos.

Los directores de Banamex vivieron dos semanas en la oscuridad, porque Yáñez Osuna, un empresario consentido por ellos y Citigroup, les negó toda información. Para buscarla recurrieron a Erik Cervantes Murillo, contratado en 2011 para atender a los clientes en Tabasco y Campeche y apoyar a Granja a validar la documentación de Oceanografía con los sistemas de Pemex, que se desplazara de su sede en Villahermosa y Ciudad del Carmen para conciliar las cuentas. Tras él llegaron otros cinco ejecutivos de Banamex con el mismo objetivo, pero Oceanografía los hizo sufrir.

Israel Varela, hombre de todas las confianzas de Yáñez Osuna, les cerró la puertas a los archivos. Entre el 17 y el 18 de febrero, Granja habló con Yáñez Osuna para solicitarle que les dejara revisar la documentación. El dueño de Oceanografía se las negó otra vez. El 19, el director general de Banamex, Javier Arrigunaga, le pidió a Adolfo Herrera Pinto, director de Trade Channel Finance, bajo cuya área se encontraba Oceanografía, viajar a Ciudad del Carmen para hablar personalmente con Yáñez Osuna. Herrera Pinto llegó al día siguiente, pero no lo logró. Para entonces, el andamiaje financiero de fraude contra Banamex se había colapsado, y Yáñez Osuna y Díaz se habían ido de México.

La madrugada del 20 de febrero, Cervantes Murillo desapareció de Ciudad del Carmen. Cuando se percataron de su ausencia, notificaron al área de seguridad de Banamex, que en compañía del segundo de Herrera Pinto, Alfonso Ortega Brehm, se trasladaron a las oficinas en Villahermosa, donde tras abrirlas con cerrajero, descubrieron que no había ningún documento. Las cámaras de seguridad del banco mostraron a Cervantes Murillo, que había justificado su súbito regreso a Tabasco por una infección intestinal, sacando las cajas con los expedientes. Banamex presentó una denuncia ante el Ministerio Público local y Cervantes Murillo fue detenido por robo.

Banamex estaba más interesado en la documentación y negoció con los abogados de Cervantes Murillo que si su esposa, que para entonces ya tenía en su poder los expedientes, los regresaba, se desistirían de la demanda. Tras varias negociaciones aceptaron y Banamex recuperó el expediente de Oceanografía, que regresó a las oficinas centrales del banco casi a la medianoche del 22 de febrero. Cervantes Murillo es uno de los ejecutivos de Banamex con orden de aprehensión solicitada por la PGR, al igual que Granja y Ortega Brehm. El exejecutivo en la zona del golfo salió de la cárcel por el delito de robo y se encuentra prófugo.

La PGR acusó a los tres por delitos tipificados como graves que no alcanzan fianza, mientras que Yáñez Osuna fue acusado únicamente por un desvío de 55 millones de dólares, que no tipificaron como grave, por lo que alcanzó fianza. Hasta ahora, la investigación de la PGR tiende a centrar la responsabilidad del quebranto únicamente en los ejecutivos de Banamex, y ver a Yáñez Osuna como una figura secundaria.

Banamex y Citigroup, que tuvieron fallas de operación y de control interno, no están carentes de responsabilidad, pero entre más información surge, mayor se aprecia la participación de Yáñez Osuna en las operaciones que llevaron al fraude, y obliga a que la PGR -cuyo titular Jesús Murillo Karam casi lo exoneró hace unos días en una entrevista de prensa- revise su actuación y profundice, como prometió, la investigación. Si quiere deslindarlo del quebranto, bien, pero que documente sin omisiones ni complacencias su inocencia.