Opinión

Quién será el chivo expiatorio del GIEI

 
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Normalistas. (Eladio Ortiz)

Uno de los libros que más cito en mis talleres y cursos de seguridad nacional es Alcanzar la Paz, Resolución de Conflictos y Mediación en la Familia, El Trabajo y el Mundo, por William L. Ury. No es uno de los textos más conocidos de este experto en negociación, pero tiene este libro la gran virtud de proponer mecanismos específicos y, sobre todo, recomendaciones sobre qué actores deben de participar en la reducción de conflictos en una comunidad, en un país o guerras entre naciones. Propone la “tercera vía”: individuos, expertos, organizaciones, gremios, inclusive países, que intervienen en un conflicto para mediar, apoyar en la negociación, proteger, resguardar, asegurar justicia, transparentar y, sobre todo, ayudar a reducir la violencia.

La “tercera vía” incluye Consejo de Seguridad, Operaciones de Mantenimiento de Paz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos juristas, clérigos, medios de comunicación. Lo importante es que los que formen la “tercera vía” sean independientes del conflicto, sean objetivos y sobre todo tengan credibilidad.

Para cualquier gobierno permitir a terceros intervenir en conflictos internos es incómodo, permite a actores ajenos ejercer control. Empuja a los gobiernos a comportarse de formas que no necesariamente sirve a los intereses políticos o económicos, pierden poder y además de su actuar permite que situaciones salgan del control.

Aun con los cuestionamientos que se le han hecho al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, (GIEI) éstos jugaron un papel importante en esta teoría de la “tercera vía”. Lo interesante es por qué el gobierno de México acordó y permitió que extranjeros intervinieran en uno de los procesos más difíciles políticamente. En teoría, el gobierno de México le permitió al GIEI la entrada al país para la elaboración de planes de búsqueda de personas desaparecidas, análisis técnico de líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del plan integral de atención a víctimas de los hechos del 26 y 27 septiembre de 2014. Para esta labor, el GIEI recibiría la suma de dos millones de dólares.

Pero en realidad lo que estaba buscando el Estado mexicano era que el GIEI le inyectará una dosis de credibilidad y transparencia a la investigación de la PGR, para que el GIEI certificara que había voluntad política para encontrar a los culpables y, sobre todo, que no surgiera una investigación en contra del gobierno federal por la desaparición y muerte de los normalistas.

Sin entrar en el debate político y jurídico que se ha suscitado por el reporte final que presentaron los expertos del GIEI, avalados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el hecho es que el gobierno federal ahora se encuentra en el peor de los escenarios: La investigación de la PGR destrozada, la voluntad política del presidente y del secretario de Gobernación cuestionada, indicios de participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 de fuerzas de seguridad más allá de los policías municipales –que podría traducirse en un juicio en contra del gobierno de México ante la CIDH, y dos millones de dólares menos en el erario público.

Y es que el proceso de la “tercera vía” siempre es un riesgo para los gobiernos, especialmente si tratan de usar a actores independientes o extranjeros para legitimar lo que no se puede legitimar. La pregunta que ahora se hace sobre el gobierno mexicano es si hay un problema de absoluta incapacidad, un problema de absoluta falta de voluntad política de balconear la situación de seguridad del país, o hay razones políticas que el gobierno no quiere o no puede resolver [para llegar a] la verdad de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.

Ahora, lo interesante será cómo el gobierno enfrentará el tsunami de críticas de la comunidad y gobiernos internacionales. La realidad para el presidente Peña Nieto en lo que respecta al resto del sexenio [es que] la política interna e internacional estará secuestrada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Especialmente en la agenda internacional de México habrá declaraciones y recordatorios; botón de ejemplo fue la reunión entre el presidente Peña y Angela Merkel en su visita oficial a Alemania. La segunda pregunta es quién asumirá los costos políticos de esta debacle de los 43 normalistas desaparecidos, ya que esto puede tener implicaciones directas en el proceso electoral de 2018.

El verdadero valor consiste en hacer, sin testigos, lo que uno sería capaz de hacer ante todo el mundo: François de La Rochefoucauld

Twitter: @Amsalazar

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