Opinión

Proteger periodistas

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Rubén Espinosa. (Eladio Ortiz)

Veracruz es el estado de la República donde se reporta un mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. De acuerdo con cifras de la PGR, de 2000 a 2015 se han registrado en la entidad 16 asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas. De forma adicional, Artículo 19
–organización enfocada en la promoción y defensa de la libertad de expresión– señala que por lo menos 37 periodistas han tenido que dejar el estado por amenazas (que se atribuyen tanto al crimen organizado como a autoridades estatales y locales).

En las últimas semanas, dos hechos se sumaron a la historia negra de la violencia contra periodistas en Veracruz. Primero, el asesinato del fotoperiodista y colaborador de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa. En diciembre de 2013 Espinosa había presentado una denuncia contra la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por amenazas, intimidación y acoso. En junio pasado, el fotoperiodista se había trasladado al Distrito Federal por considerar que su integridad física estaba en peligro. Sin embargo, el pasado 31 de julio apareció sin vida en un departamento de la colonia Narvarte, junto con otras cuatro personas.

Segundo, el homicidio de seis personas en un bar de Orizaba, incluyendo a Juan Heriberto Santos Cabrera quien laboró por diez años como corresponsal de Televisa Veracruz. Al parecer, Santos Cabrera se encontraba en el bar en compañía del jefe de plaza de Los Zetas en Orizaba, quien también fue acribillado. Dos periodistas del diario local El Buen Tono, que se encontraban en el lugar, dijeron que los agresores patearon el cuerpo de Santos Cabrera antes de salir del lugar. Cabe señalar que ambos periodistas fueron despedidos de El Buen Tono. En una editorial, la publicación señaló que habían faltado a la ética de la empresa y del periodismo libre (al haber estado conviviendo en el bar con el líder de Los Zetas).

Veracruz no es la única entidad en la que el crimen organizado ha intentado amordazar a la prensa. En muchos otros lugares los medios de comunicación se han contado entre las primeras víctimas del fuego cruzado de los conflictos entre grupos delictivos. También es frecuente que, por medio del soborno y la intimidación, los criminales hayan obtenido la colaboración o el silencio de muchos periodistas. Sin embargo, que en algunos casos exista complicidad, no hace menos preocupante la enorme violencia que observamos. Como cualquier otro delito, los homicidios de periodistas ocurren porque hay impunidad. La frecuencia con la que ocurren en Veracruz es un reflejo del desinterés o la incapacidad de las autoridades para investigarlos.

Los homicidios contra periodistas, como cualquier homicidio, constituyen un hecho lamentable. Sin embargo, también revisten una gravedad especial, pues buscan golpear la libertad de expresión y, con ello, mermar uno de los recursos más importantes que la sociedad tiene para hacer frente a la violencia criminal. Para combatir al crimen organizado, contar con medios y periodistas independientes, es casi tan importante como contar con policías confiables. Sin ellos, no es posible dar visibilidad a la violencia y a los delitos que más afectan a la población, y generar la exigencia social que es indispensable para lograr una respuesta eficaz de las autoridades. No es casualidad que las entidades que han tenido más éxito para hacer frente a la crisis de violencia, sean también aquellas que cuentan con una mejor cobertura y mayor diversidad de fuentes periodísticas.

El asesinato de Rubén Espinosa aceleró la aprobación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. La ley prevé una serie de acciones para brindar apoyo a los periodistas amenazados (desde capacitación, hasta equipamiento y vehículos blindados). El impacto de esta ley dependerá de que las autoridades capitalinas destinen recursos suficientes para instrumentarla (y que el organismo responsable de brindar la atención actúe con base en criterios técnicos y desarrolle mecanismos que le permitan evaluar adecuadamente los riesgos).

Aunque iniciativas como la ley aprobada en el Distrito Federal pueden ser positivas, la responsabilidad por la seguridad de los periodistas no puede quedar exclusivamente en manos de las autoridades. En el contexto actual también es fundamental que los medios instrumenten mejores medidas preventivas para evitar que el crimen organizado busque corromper a sus periodistas. Estas medidas preventivas podrían tomar distintas formas, de acuerdo al nivel de riesgo. Se podrían establecer desde códigos de ética más claros y más estrictos para todo el personal, hasta procesos de certificación equiparables a los que se utilizan en las corporaciones policiales, para los reporteros que cubren homicidios y operativos de seguridad. Por supuesto, el objetivo no debe ser en ningún caso reprimir la libertad de expresión, sino garantizar que quienes generan la información no sean víctimas de amenazas o presiones, o que reciban sobornos. Los reporteros desempeñan una actividad de gran valor en la lucha contra el crimen organizado. Como sociedad nos corresponde desempeñar un papel más activo para reconocer su labor y defender el libre ejercicio del periodismo.

Twitter: @laloguerrero

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