Opinión

Proteger, no esconder jueces

 
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Justicia (Shutterstuck)

Tatuada en mi memoria, la imagen de la máquina de escribir bañada de sangre.

Con esta vieja máquina el juez de instrucción y los peritos forenses tomaban las declaraciones en las escenas del crimen. Unas horas antes, el equipo de funcionarios judiciales había sido masacrado por la guerrilla cuando atendía un llamado para investigar y recoger un cuerpo en las afueras de Bogotá. Fueron emboscados con explosivos que sembraron en la carretera y cuando se detuvo el convoy, los asesinos remataron a los que sobrevivieron a las explosiones. Uno de los médicos usó su cuerpo para proteger a una funcionaria y antes de morir le susurró: hazte la muerta. La encontraron, viva, cubierta de sangre y debajo de los cuerpos inermes de sus compañeros. Varios de los muertos eran colegas y amigos, varias semanas antes yo había acompañado a este grupo a varias diligencias judiciales. Por eso no puedo olvidar esa máquina de escribir, bañada de sangre.

Esta masacre sucedió a principios de los 90. Amenazas, secuestros y asesinatos era la realidad diaria de jueces y fiscales en Colombia en los 80, 90, y probablemente hasta la fecha. Además de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los funcionarios judiciales han estado al frente del campo de batalla en contra del crimen organizado, paramilitares y grupos guerrilleros. Y su gremio sufrió al igual que los demás en esa sangrienta guerra civil.

Otros ejemplos: en enero de 1989, en La Rochela de Santander, Colombia, ocurrió una masacre en la cual un grupo paramilitar aliado con un grupo de narcotraficantes asesinó a 12 de los 15 funcionarios que investigaban crímenes en los que participó Gonzalo Rodríguez Gacha, del Cártel de Medellín y estaban involucrados varios generales y un excongresista, el cual quería que se robaran los expedientes de la investigación.

Y cómo olvidar noviembre de 1985: un comando de guerrilleros (M-19) perpetró un asalto a la sede del Palacio de Justicia en Bogotá, en la que tomaron 350 rehenes entre los que hubo magistrados, consejeros de Estado, funcionarios judiciales, empleados y visitantes. Al tercer día, ante los ojos del mundo, el gobierno retomó el edificio, el saldo final fue de 98 muertos, entre los que se encontraban 11 magistrados de la sala penal.

En este contexto de amenazas y asesinatos de funcionarios judiciales y, literalmente como última opción, se crearon los jueces y fiscales sin rostro en Colombia, 1991, bajo el amparo del estado de sitio, con una duración de nueve años. La identidad de los jueces, fiscales y testigos era mantenida en secreto y las medidas de seguridad incluían traslados en carros blindados, audiencias llevadas a cabo en búnkeres, cristales unidireccionales para proteger la identidad y distorsionador de voces. Los jueces sin rostro son una figura para proteger la identidad e integridad de los impartidores de justicia responsables de casos que involucran a grandes criminales y se ha utilizado en Italia en la lucha contra la mafia o en Colombia y Perú. La estrategia, según sus defensores, hizo posible el combate a los cárteles de Medellín y de Cali, pero organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) consideraban que no se lograron disminuir los niveles de impunidad, se clonaban testigos, arrestos injustificados y se violaba el debido proceso, razón por la cual esta medida llegó a su fin por decisión de la Corte Constitucional en 2000.

Habiendo sido testigo de cómo funciona la estrategia de tratar de proteger la identidad de los jueces y fiscales, les puedo decir que a mediano y largo plazos no funciona. Los criminales siempre encontrarán cómo identificar a sus juzgadores gracias a la intimidación y corrupción.

Por eso es preocupante, yo diría que peligroso, que ante el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, haya comentado que en México debe analizarse la instauración de la figura de jueces sin rostro.

La única forma de detener la intimidación, amenazas y asesinato de jueces y ministerios públicos es ¡protegerlos! Proporcionar los recursos y seguridad a todos los funcionarios judiciales que remotamente tendrían que tomar decisiones que afecten los intereses de criminales violentos y políticos peligrosos. Eso significa carros blindados, celulares y computadoras encriptadas, guardaespaldas, búnkeres.

Y sobre todo asegurar a los funcionarios judiciales que el Estado mexicano literalmente enfrentará y destruirá literalmente a cualquier organización o persona que se atreva a intimidar, corromper o asesinar jueces y ministerios públicos. No puede quedar en la impunidad el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez.

Con la fuerza y capacidad del Estado se protege a los funcionarios, no escondiéndolos en el anonimato. No funcionó en otros países y no funcionará en México.

Twitter: @Amsalazar

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