Opinión

Prioridades: primero los criminales

Para aquellos que creen que hay justicia y que los corruptos algún día recibirán su merecido, esta información parecería salida de un sueño: “Destapada una gran red delictiva creada por políticos y empresarios arrestando a 51 políticos por negocios ilícitos por 250 millones en los dos últimos años”. Está fue la nota de portada en periódicos nacionales e internacionales.

Pero no se alboroten queridos lectores soñadores, este operativo no sucedió en México, sino en España, donde un juez de la Audiencia Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, salieron a arrestar políticos de los dos partidos más importantes de ese país (incluyendo el partido oficial) y empresarios coludidos con la clase política española.

A pesar de que desde hace décadas se habla de combatir la corrupción en México, de que se han implementado numerosas reformas, cientos de discursos y miles de historias documentadas en papel y video de la voracidad de los gobernantes, solamente algunas decenas de funcionarios o empresarios han sido debidamente castigados penal, administrativa, política y sobre todo socialmente. ¿Cuántos políticos corruptos han pisado la cárcel? ¿Cuántos sancionados? ¿Costos políticos al corrupto y su partido? ¿Alguien regresó el dinero robado? Pocos, muy pocos. ¿Conocen ustedes a algún funcionario, empresario o político que se haya enriquecido con dinero mal habido y que la sociedad lo castigara con el látigo de su desprecio dejando de invitarlo a los eventos sociales? No.

En México ser corrupto rara vez conlleva castigo.

Y esto se refleja en las percepciones de los mexicanos. Recordemos informaciones publicadas este año por parte del INE y del Inegi señalado “los policías y los partidos son calificados como los más corruptos”. Los datos son abrumadores: 42 por ciento de los mexicanos no confía en las autoridades, 49.61 por ciento está convencido de que los políticos no se preocupan por ellos, 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años no se identifica con ningún partido político. Y a nivel de confianza en las instituciones y organizaciones políticas y sociales, según el INE, los que más desconfianza generan son los diputados, seguidos de los partidos políticos, sindicatos, policías, jueces, empresarios, gobierno municipal, estatal y medios de comunicación.

También tenemos que señalar la encuesta de PEW publicada en este año, donde la opinión negativa hacia el presidente ha aumentado nueve puntos porcentuales; la estrategia de Peña Nieto de “combate a la corrupción” también recibió una calificación: 54 por ciento de los mexicanos encuestados desaprueba la manera en que se ha manejado el problema.

Y sobre la más reciente propuesta por parte del PAN para combatir la corrupción en el país, puedo afirmar categóricamente que la estrategia no funcionará.

Los recientes eventos en Guerrero y Tamaulipas son un claro ejemplo de por qué es tan difícil combatir la corrupción en México. ¿Cómo se puede combatir la corrupción cuando los mismos funcionarios conspiran con el crimen organizado o en algunos casos, como en Iguala y Matamoros, dirigen empresas criminales?

El procurador General de la República reconoció que la esposa del fugado presidente municipal de Iguala dirigía la plaza para Guerreros Unidos y ordenó que los delincuentes se fueran contra los normalistas de Ayotzinapa por interrumpir su evento político; esta orden derivó en la muerte de seis personas –entre ellos un estudiante torturado antes de morir– y la desaparición de 43 jóvenes. En el caso de Matamoros, se le acusa a la alcaldesa Norma Leticia Salazar de secuestrar tres jóvenes de nacionalidad estadounidense que desaparecieron hace 15 días en Matamoros. Según la madre de estos muchachos, ya investiga el FBI.

Yo me pregunto: ¿qué dirá ahora el gobernador de Tamaulipas sobre la alcaldesa? ¿Los mismos argumentos que puso sobre la mesa Ángel Aguirre, el ahora gobernador con licencia del estado de Guerrero? También en abril se detuvo a otro presidente municipal de Guerrero, Feliciano Álvarez Mecino, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y de secuestro.

Ni hablar de la decena de presidentes municipales que se han detenido en Michoacán y otros estados del país, por sus vínculos con el crimen organizado.

Por eso, aunque la corrupción tiene que combatirse frontalmente en México, esto es un problema menor si continúan teniendo políticos y funcionarios que trabajan para el crimen organizado, matando y secuestrando.

Twitter: @Amsalazar