Opinión

Presentan Iniciativa de Oposición para ley de marcas

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Propiedad intelectual e industrial

La información de la existencia de la iniciativa que pretende introducir el sistema de oposición en nuestro país trasciende el plano técnico en que se podría plantear. Constituye, sin lugar a dudas, la reforma más importante que enfrenta nuestra legislación de propiedad industrial desde su promulgación hace 24 años.

Ante semejante alcance, cabe entonces preguntarse si la implantación de este mecanismo moderniza nuestro sistema, o lo eficienta, o lo mejora en alguna forma. Mi pronóstico es que no. De hecho, estimo que la aprobación de semejante reforma sumirá nuestro sistema de marcas en una compleja red de presiones que repercutirán en los tiempos y costos del registro, en claro detrimento de las empresas medianas y pequeñas. Es, en estricto sentido, un grave retroceso, que nos llevará a un punto de inflexión en el que el aumento de solicitudes de registro se enfrentará a la perversa variable de tener que lidiar con un sistema engorroso, cuyas bondades son, por lo menos, cuestionables.

Lo que se dice a favor del sistema de oposición es que incrementa la seguridad jurídica de los titulares de marcas otorgadas, al pasarlas por el filtro de contraste de aquellos propietarios de marcas previamente registradas que consideren que la nueva marca les pueda afectar. Lo que hoy es un examen desarrollado por el IMPI, se convertirá en una parte del trámite en el que cualquier tercero que se considere afectado podrá manifestar su oposición. La otra supuesta ventaja es la de “igualar” a los titulares de marcas en México con los extranjeros, quienes sí se pueden oponer a solicitudes de mexicanos presentadas en sus países. Ambos pretendidos beneficios, con toda sinceridad, parecen más doctrinales que reales.

Lo que se puede pronosticar es un incremento notable en los tiempos de tramitación, no solo como consecuencia de la inserción de una etapa más en el trámite, sino también un desgaste burocrático y de los usuarios del sistema, que tendrán que enfrentar complejidades inusuales en la gestión de un registro, con graves consecuencias en costos de representación y de retraso en el acceso a mercados.

Pongamos un ejemplo. La empresa Intel, que se considera titular indisputable de esa palabra, para todo tipo de servicios, estará presentando oposiciones a toda solicitud que incluya dicho prefijo, y muy probablemente, más allá de las razones de fondo para soportar su pretensión, muchas Pymes que inicialmente hubiesen optado por marcas como “Inteliprosa” se desistirán de la misma ante los costos y retrasos que implique seguir el litigio hasta su conclusión. Es este un sistema que incrementa la litigiosidad y premia a los que invierten recursos en utilizarlo.

Sostener que la predominancia del sistema de oposición en la mayoría de países apoya su adopción no es suficiente sin un análisis realista de costos y beneficios. El sistema se justificaba cuando los mecanismos informáticos para detectar marcas previas no existían y era necesario que cada empresa cuidara directamente sus intereses; la otra pauta atendible es que se trata de un sistema ajeno a nuestro régimen de marcas, cuya curva de aprendizaje será, en el menor de los casos, larga, injustificada y altamente gravosa.

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