Opinión

Por una moderna y operativa Ley General de Archivos

 Ramón Aguilera Murguía

Los archivos tienen la oportunidad de ser revalorados dentro de la administración pública tal como fueron apreciados al inicio de la vida independiente de nuestro país. En los informes presentados por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión entre 1823 y 1829, los archivos eran uno de los rubros incluidos. Por ejemplo, en la primera memoria presentada en 1823, Lucas Alamán, secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, decía ante el Congreso que era necesario “arreglar el archivo para que el público encuentre con facilidad y prontitud lo que necesite”. Y que este trabajo “exigía mucha práctica de expedientes y de conocimientos no comunes”.

Esta preocupación en pro de los archivos contrasta con lo que sucedió en los años sucesivos a la primera experiencia republicana. Tuvieron que pasar 189 años para tener la primera Ley Federal de Archivos (23 de enero de 2012). Por su parte, las entidades federativas desde la segunda mitad del siglo XX han venido publicando sus respectivas leyes, a excepción de cuatro estados que no cuentan con ella. Esas leyes y las de transparencia que, de algún modo o de otro se han ocupado de los archivos, nos presentan un panorama lleno de asimetrías normativas, aunado a los grandes rezagos y hasta catástrofes sobre todo a nivel de municipios en el ámbito de la práctica archivística.

Con la Ley General de Archivos se abre un nuevo horizonte para incorporar los procesos, procedimientos y herramientas estandarizados por la archivística contemporánea en los archivos de los tres órdenes de gobierno; es decir, establecer un piso común con obligaciones mínimas y con la aplicación de una misma metodología que genere un verdadero Sistema Nacional de Archivos. En esta perspectiva los archivos deben ser vistos como verdaderos sistemas de gestión que permitan construir arquitecturas de información útiles a las sociedades democráticas donde juegan un rol relevante para promover la transparencia, permitir el acceso a la información pública y como primer eslabón de la cadena que conforma una política de rendición de cuentas.