Opinión

¿Por qué urge nombrar al fiscal anticorrupción?

 
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ME. Esfuerzos anticorrupción en México carecen de urgencia.

Porque la reforma constitucional de febrero de 2014 —que da nacimiento a la Fiscalía Anticorrupción— así lo establece: el fiscal debía ser nombrado a partir de la entrada en vigor de aquel decreto (10 de febrero de 2014) y una vez creada la Fiscalía a través de un acuerdo expedido por el procurador general de la República (12 de marzo de 2014). El proceso lleva más de dos años de retraso. A fines de 2014 se hizo la primera convocatoria a la que acudieron 33 comparecientes.

Hasta fines de 2016 se dio por concluido el proceso por falta de acuerdos y se inició uno nuevo. Que se haya retrasado no significa que se deba seguir tolerando tal atraso.

Porque es la última oportunidad de mostrar que la corrupción puede combatirse desde las instituciones y no desde la retórica de las campañas electorales. La de 2018 será una elección presidencial que girará en torno a los escándalos de corrupción y puede devenir en un torneo de estridencias respecto a quién puede resolver el problema con más valentía y prontitud. Si no hay fiscal anticorrupción seguirán cundiendo las voces de desaliento y aumentará el ánimo justiciero que puede ser la peor receta para combatir la corrupción a partir de 2019.

Sólo hay algo peor que la pasividad y complicidad de no combatir la corrupción: hacerlo sin respetar el debido proceso para calmar el ánimo de hartazgo e ira de la población.

Porque instalar un fiscal ahora —aunque dure en el cargo solamente 18 meses— es una oportunidad para construir, desde las instituciones, mecanismos eficaces para desahogar las denuncias que suman cientos y cientos. Es una oportunidad para empezar a construir una Fiscalía moderna y efectiva. No todo es voluntad o autonomía; también se requiere infraestructura, tecnología, personal capacitado, computadoras y presupuesto adecuado. Si la voluntad política para combatir la corrupción ha estado ausente en las últimas décadas, las capacidades materiales y humanas son sumamente modestas.

Porque debe aprovecharse la ventaja que otorga que este fiscal —por única ocasión— será nombrado por la Cámara de Senadores, lo cual le da una fuerza política (y con ella más independencia) que en el futuro cuando los fiscales sean designados por el fiscal general de la República. Es cierto que el fiscal requiere más blindaje político, eso es, autonomía frente al procurador general (fiscal general a partir del próximo año), pero el origen de la designación por el voto calificado del Senado le da una fuerza propia que, al menos en esta fase de inicio, puede ayudar para que actúe con mayor autonomía frente a los eventuales intentos de contención.

Porque el 4 de abril es la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En esa sesión se reunirán por primera vez los integrantes: la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y, ojalá, el tan esperado fiscal anticorrupción.

Ciertamente, si el nombramiento no se realiza, el responsable sería el procurador general, pero en lo hechos sería deseable que el SNA iniciara su funcionamiento integrado de forma completa.

Hay varios obstáculos que impiden que el nombramiento prospere. Uno, que siempre es mejor patear la pelota que tener un fiscal que pueda hacer su trabajo seriamente y atender muchas denuncias que involucran a varios gobernadores, exgobernadores y otros servidores públicos de alto rango. Dos, que para algunos partidos es mejor mantener el cargo vacío y así acusar al gobierno de que boquea el nombramiento (aunque no fuera cierto). Tres, que PAN y PRD han puesto como condición necesaria aprobar antes la eliminación del pase automático de procurador a fiscal general (una iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto). Cuatro, los conflictos internos de la bancada del PRD.

Hay la oportunidad de procesar el nombramiento y hacerlo con transparencia y criterios de mérito profesional de los aspirantes. Ojalá así ocurra.

Twitter: @LCUgalde

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