Opinión

¿Por qué las Fuerzas Armadas promueven
la Ley de Seguridad Interior?

    
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fuerzas armadas

Los detractores de la ley dan una respuesta, en mi opinión, bastante simplona. Dicen que el Ejército busca perpetuar la militarización del país. El argumento no me convence. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no será perpetuada por esta ley. El despliegue militar se mantendrá por la incapacidad de las autoridades civiles para operar instituciones de seguridad pública eficaces. Aunque hay algunos intereses económicos en torno al despliegue militar, es igualmente cierto que la presencia en las calles ha traído un desgaste a la reputación, y ha trastocado la tranquilidad y la autonomía del Ejército. Los militares son sinceros cuando dicen que quisieran regresar cuanto antes a los cuarteles.

Sin embargo, tampoco se puede desestimar que la aprobación de esta iniciativa enfrentará al gobierno de Peña Nieto, junto con las fuerzas políticas que voten a favor, con una coalición bastante vocal de activistas y líderes de opinión. Si a pesar de este costo político la iniciativa se aprueba en sus actuales términos, será por la férrea insistencia de las Fuerzas Armadas. Cosa rara en un secretario de Defensa, el general Cienfuegos no ha tenido reparos en manifestar su descontento ante la lentitud del proceso legislativo. Incluso se ha señalado en medios que Cienfuegos llamó personalmente a gobernadores del PAN para “chantajearlos” con retirar tropas de sus entidades si no había apoyo para la iniciativa.

Tampoco ha habido mucha claridad en el debate público sobre las verdaderas razones por las que las Fuerzas Armadas tienen tanto interés en la aprobación de la ley; al igual que la crítica, la apología a la Ley de Seguridad Interior ha sido superficial. En público, los promotores de la ley hablan hasta el cansancio de “la incertidumbre jurídica” que supone para las Fuerzas Armadas desempeñar funciones sin un marco jurídico. La certeza jurídica es, sin embargo, un concepto abstracto. Francamente no creo que ningún soldado ni ningún general esté demasiado preocupado por el simple hecho de exceder las facultades que contempla el artículo 129 constitucional (que, para tiempos de paz, son exclusivamente aquellas “que tengan conexión con la disciplina militar”).

En realidad, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior atiende preocupaciones mucho más puntuales que la certeza jurídica. Un primer tema importante, que el propio general Cienfuegos ha señalado, es la consignación de los presuntos delincuentes detenidos en flagrancia por elementos militares. En este punto me parece necesario conceder la razón al planteamiento militar. Si el Ejército combate al crimen organizado en lugares donde no hay una policía confiable, es preferible, desde cualquier perspectiva, que los elementos militares tengan facultades para realizar detenciones y presentar a los presuntos responsables ante las autoridades civiles.

Un segundo tema de preocupación se relaciona con la intención que se advierte en la iniciativa de eximir a las Fuerzas Armadas de sus obligaciones en materia de acceso a la información. En particular llama la atención el artículo 9 (el cual establece que “La información que se genere con motivo de la presente ley será considerada de seguridad nacional”). Lo anterior pareciera implicar que toda la información relativa a los operativos con participación de las Fuerzas Armadas se clasificará de forma automática como reservada, sin necesidad de hacer el análisis de la prueba de daño que prevé la normatividad en la materia. El pasado 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Acceso a la Información publicó un posicionamiento en el que se enfatizaba el carácter absurdo e ilegal del artículo 9 (que contraviene distintas normas en vigor). Sin embargo, un día más tarde, después de reunirse con legisladores, el presidente del INAI reconsideró y se manifestó satisfecho con la redacción del artículo 9.

Finalmente, un tercer tema medular en la iniciativa tiene que ver con el balance de poder entre autoridades civiles y militares; en particular, entre las instituciones estatales y el mando militar del operativo. Es bien sabido que, en la mayoría de los estados, los militares tienen una profunda desconfianza de las policías y procuradurías (que las más de las veces, efectivamente, han sido infiltradas por los criminales). Con la nueva ley las Fuerzas Armadas buscan que, ahí donde haya una declaratoria de afectación a la seguridad interior, el mando quede de forma incuestionable en sus manos (así lo establece el artículo 20), además de contar con más herramientas para presionar y monitorear a las autoridades civiles (artículo 23). Entre otros aspectos, las autoridades estatales deberán entregar toda la información que solicite el mando militar, y asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de sus integrantes (lo que abrirá la puerta a que el mando militar busque imponer a los puestos clave dentro de las corporaciones policiales). Mi pronóstico: en el mediano plazo, la Ley de Seguridad Interior significará que, por un lado, más gobernadores intenten prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas; mientras que, por el otro, ahí donde se mantenga el despliegue, aumente el poder real de los militares.

Twitter: @laloguerrero

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