Opinión

¿Por qué fracasó la consulta popular?

Muy mala noticia que los primeros intentos de consulta popular hayan fracasado estrepitosamente. Pésimo experimento para estimular la participación ciudadana: se recolectaron conjuntamente 13 millones de firmas, se prometió cambiar la reforma energética, elevar el salario mínimo y reducir el número de legisladores, pero nada de ello ocurrirá. Muchos que plasmaron su firma se sentirán engañados; otros no volverán a participar. Lástima porque la consulta popular podría ser una figura relevante para la participación informada y responsable de la sociedad en los asuntos públicos.

¿Por qué fracasó? Tres razones: legislación deficiente, mala redacción de las preguntas y poca iniciativa ciudadana.

1. Legislación deficiente. Dos problemas centrales. Primero, falta de claridad respecto al alcance de la consulta: ¿Sirve para enmiendas constitucionales o sólo para cambios a la legislación secundaria?
Segundo problema: falta de precisión de las materias prohibidas.
El primer asunto género expectativas sin sustento. El PRD y López Obrador, cada uno por su lado, prometieron a sus seguidores que “echarían pa’tras” la reforma energética sin comprender que la redacción del artículo 35 constitucional impedía que la consulta popular fuera una vía para cambiar la Carta Magna. Si el propósito de la consulta era que su alcance llegara a la norma suprema, era necesario haber adaptado el artículo 135 que establece las modalidades para cambios constitucionales, lo cual nunca ocurrió.

Respecto a la materia prohibida, la redacción de la norma es muy genérica y condujo a una interpretación sumamente restrictiva de la Corte. Según la Constitución, los temas prohibidos son los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, entre otros.

En el caso de los ingresos y gastos del Estado, es evidente que no se puede preguntar sobre la eliminación de impuestos ni tampoco sobre las exenciones fiscales, por ejemplo. Pero no queda claro si la prohibición incluye cualquier asunto que afecte las finanzas públicas, aun sea de forma indirecta. Por esa vaguedad, la Corte resolvió que los ingresos y gastos del Estado deben ser entendidos en su acepción más amplia; por ello rechazó la consulta del PAN que proponía elevar el salario mínimo, ya que es parámetro de retribución para servidores públicos, unidad para el otorgamiento de pensiones y prestaciones, para el pago de cuotas y multas, entre otras.

El problema de la falta de precisión es que teóricamente cualquier tema de consulta puede eventualmente afectar los ingresos y gastos del Estado. Podría incluso argumentarse que todos los temas de una consulta están vedados por la simple razón de que cualquier política pública o legislación que emane de una consulta popular requiere recursos públicos para ejecutarse.

2. La segunda razón del fracaso de los intentos de consulta popular fue la mala redacción de algunas preguntas. El PRD, por ejemplo, propuso la siguiente: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? Siendo tan genérica, la Corte resolvió que también afectaba los ingresos del Estado y la rechazó. Efectivamente, muchas fracciones de esos tres artículos abordan los temas fiscales —por ejemplo, la fracción sexta del artículo 28 establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo que administrará la renta petrolera. Pero muchos párrafos versan sobre otros temas: organización industrial, contratos a particulares, gobierno corporativo de Pemex, entre otros. Al plantear así la pregunta, el PRD bloqueó su propia consulta porque en esos artículos efectivamente se regulan temas fiscales junto con otros de diversa naturaleza.

Morena preguntó: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Se trata en realidad de varias preguntas que mezclan múltiples temas de diversa naturaleza e impiden una respuesta “categórica en sentido positivo o negativo” como mandata la ley. El ministro Pérez Dayán expresó que la pregunta “no permite obtener un resultado eficaz, concreto y que de verdad represente una opinión de la ciudadanía pues ésta genera múltiples variantes en las cuales el consultado podría estar de acuerdo en alguno de los casos con todo su contenido, y en algunos otros sólo en parte”.

3. Finalmente, el experimento fracasó por la falta de iniciativas realmente ciudadanas. Las cuatro peticiones de consulta fueron orquestadas por los partidos y ninguna por organizaciones independientes de la sociedad civil, algunas de las cuales demandaban desde hace años una reforma política para darles voz a los ciudadanos. ¿Dónde están esas voces que quieren opinar y participar? ¿Por qué no organizaron ninguna consulta al margen de los partidos?

La suma de deficiencias y errores de la consulta popular parece un engaño concertado. Para que lo haya se requieren dos: el engañador y el engañado. En toda esta simulación llama la atención la petición del PRI para reducir los plurinominales que fue la última en ser rechazada ayer. Era la pregunta más endeble de todas —hacía referencia a la materia electoral explícitamente prohibida e implicaba enmiendas a la Constitución. ¿Qué ganó ese partido con una pregunta que sabía era clara y totalmente improcedente?