Opinión

Populismo presupuestario

 
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3er Informe EPN. (Édgar López)

El senador Francisco Búrquez (PAN) propuso reducir en 50 por ciento el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de los partidos, de la Presidencia de la República y del propio Congreso. Argumenta que “nace de la exigencia ciudadana para que la clase política también se apriete el cinturón (…) Todos tenemos que entrarle parejo al recorte presupuestal”. Con estos ajustes, dijo, “ahorraremos 16 mil millones de pesos en 2016, que estarían mejor utilizados en manos de la gente”.

Habló en favor de la sociedad: “Hoy los ciudadanos pagan el doble de impuestos que en 2012, por eso extendí una invitación a la ciudadanía para firmar la propuesta para rebajar la mitad del presupuesto de los órganos públicos mencionados”.

El Congreso sí puede reducir el gasto de la Presidencia y el suyo propio y bien haría en hacerlo. En 2013 y 2014, por ejemplo, los gastos de comunicación social para promover la imagen presidencial fueron de 14 mil 663 millones de pesos. En 2013 se excedió 48.8 por ciento del monto aprobado y 26 por ciento en 2014. Asimismo, el gasto del Congreso aprobado para 2015 es de 13 mil 398 millones de pesos, monto que representa 10 por ciento más respecto de 2014 y 35 por ciento más respecto de 2010.

Sin embargo, en el caso de los partidos, el Congreso no puede reducir sus fondos so pena de violar la ley. El financiamiento público de los partidos se basa en una fórmula definida en ley y apenas en 2014, cuando se discutía la última reforma electoral, los legisladores la podrían haber modificado. ¿Qué caso tiene que el senador del PAN haga tal propuesta si su partido no lo propuso apenas el año pasado? ¿Para qué proponer algo que sería ilegal hacerlo?

No sólo eso, la última reforma electoral incrementó el financiamiento de los partidos con registro estatal en aproximadamente 52 por ciento, pues mandató que las entidades del país ajustaran su fórmula y aumentaran el factor del salario mínimo que se usa para estimar la bolsa de financiamiento.

Tampoco es posible reducir el financiamiento del INE en 50 por ciento, como sugiere el senador. Primero, porque dejaría de cumplir sus obligaciones legales. Segundo, porque hay 12 elecciones locales que el INE debe organizar en 2016, de la mano de los institutos locales, bajo el nuevo modelo centralizado de organización electoral. Las últimas dos reformas electorales han venido burocratizando al instituto, eso es, aumentando sus atribuciones, su presupuesto y el tamaño de su personal. Es una ruta equivocada. Pero que lo sea no significa que el Congreso pueda reducir el presupuesto del INE e impedir que cumpla el mandato que los mismos partidos, incluido el PAN, le han conferido.

Parece demagógico que se proponga reducir el costo de algunas instituciones políticas pero no se haga en el momento oportuno como fue la negociación de la última reforma electoral. También parece incongruente que se quiera reducir el presupuesto del Congreso pero no se hayan reducido el número de comisiones la semana pasada cuando se negoció su integración. Ningún debate hubo acerca de la burocratización del Congreso mexicano que lo hace el campeón mundial en cuanto a número de comisiones (120 entre ambas cámaras).

El costo presupuestario de la democracia electoral en 2015 –tanto en el ámbito nacional como estatal– será de 34 mil 505 millones de pesos. En 2009, la última elección intermedia, fue de 26 mil 755 millones en pesos constantes, eso es, un incremento en términos reales de 29 por ciento.

Aunque la reforma de 2014 prometió “abaratar” el costo de las elecciones, lo que se observa es un incremento constante para financiar a los partidos así como a las autoridades electorales y sus burocracias que administran una legislación cada vez más abultada y barroca.

Es necesario reducir los montos de financiamiento público de los partidos pero a partir de una reflexión de fondo, no al calor de la retórica de la tribuna. Reducir el dinero de los partidos es una vía para socavar los cimientos de las clientelas y burocracias que se han incrustado en la industria de las campañas. Asimismo, para contener la burocratización de los dirigentes de muchos partidos políticos y la lógica de las oficinas, sueldos, secretarios, choferes y automóviles. La política de la burocracia ha alejado a los partidos de la sociedad que los ve como privilegiados en lugar de sus representantes.

Tenemos que responder preguntas simples pero básicas: ¿Cuál es el objetivo central del sistema de financiamiento de partidos? ¿Nivelar la cancha de juego? ¿Garantizar la independencia financiera de los partidos? ¿Darles fondos suficientes para que cuenten con burocracias profesionales? ¿Cuál es el nivel óptimo para evitar que el dinero se convierta en germen de oportunismo en lugar de semilla de una competencia vigorosa y equitativa entre partidos? ¿Cuál es el costo real de una campaña en México? ¿Cuál debería ser el gasto “sensato” que promueva la participación ciudadana pero evite el financiamiento paralelo de las campañas?

Twitter: @LCUgalde

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