Opinión

Policías municipales, por un esquema dual

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Los policías decidieron suspender su labores después de que autoridades intentaron modificar su esquema de trabajo. (Enrique Villagómez)

El pasado lunes 19 de enero asistí a una audiencia pública en el Senado para discutir la iniciativa presentada por el presidente Peña en materia de mando único policial (la iniciativa supone la desaparición de las policías municipales). El mando único ha sido un anhelo del gobierno federal y de los gobernadores, desde tiempos de Calderón, quien en 2010 también turnó una iniciativa en la materia. La iniciativa de Calderón languideció sin pena ni gloria en el Congreso.

A pesar de contar en su momento con el respaldo unánime de los gobernadores, la propuesta de mando único generó una gran resistencia en los ayuntamientos, pues amenazaba una de sus principales fuentes de poder político.

La reacción de los alcaldes era previsible. Sin el mando sobre la fuerza pública, las presidencias municipales dejarían de ser el interlocutor relevante para un amplio conjunto de movimientos sociales; y un actor crucial en la resolución de conflictos. La policía es, a fin de cuentas, el instrumento que permite a las autoridades levantar un bloqueo o desalojar una plaza ocupada por manifestantes. De aprobarse el mando único, los municipios tendrían que limitarse a fungir como gestores en la aprobación de licencias y permisos, como ocurre con las delegaciones del Distrito Federal, y a ejercer un presupuesto relativamente magro.

La resonancia mediática de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala difundió masivamente una realidad que conocemos desde hace años quienes nos ocupamos de los temas de seguridad. En muchos lugares del país la policía le reporta a los criminales quién llega y quién se va, colabora directamente con ellos en levantones y ejecuciones, y en términos generales tiene arreglos descarados para trabajar a su servicio, al grado de que la policía y “la maña” son más o menos la misma organización.

Actualmente no parece posible que municipios como Iguala cuenten con las capacidades (quizás ni siquiera la intención) de organizar una fuerza policial propia y con un nivel aceptable de autonomía respecto a los criminales. Independientemente de que el alcalde sea un pillo o una persona bien intencionada, los recursos del crimen organizado son tan grandes que terminan por imponerse. La situación de Iguala se replica en amplias regiones de estados como Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, pero también en la periferia de entidades relativamente más seguras como Jalisco y Estado de México. En estas condiciones, transferir el mando policial a una instancia con más recursos es una condición necesaria, aunque no suficiente, para recuperar la seguridad. En Morelos, por ejemplo, el impulso que recibió el mando único a principios de 2014 fue un factor decisivo para revertir la dinámica de deterioro que se había observado en años previos (en 2014 las ejecuciones disminuyeron 40 por ciento respecto a 2013 y registraron su nivel más bajo desde 2009).

Por otra parte, en el país también existe un grupo importante de municipios en donde la fuerza del crimen organizado es relativamente menor (el cobro de cuota no se ha generalizado, y la producción, venta o tráfico de drogas tampoco parecen tener un potencial muy grande). En otros lugares, la iniciativa privada y la sociedad civil están bien organizadas, y le llevan ventaja a los criminales al momento de presionar a las autoridades municipales. Lógicamente, en estos municipios la iniciativa de mando único parece responder a un afán centralizador injustificado e incongruente con nuestro modelo institucional. Sin embargo, en la propia exposición de motivos de la iniciativa turnada por el Ejecutivo se reconoce sin pudor que ésta “pretende evitar que los municipios puedan ejercer, por cualquier vía constitucional, competencias que se relacionen con la seguridad pública”. En estos términos resulta altamente probable que la iniciativa genere el mismo rechazo que en 2010 y termine archivándose.

Afortunadamente, es posible avanzar en la tarea de suplantar a los mandos policiales coludidos con los criminales sin asestar un golpe letal e indiscriminado a la autonomía de los municipios. Una propuesta que compartí con los senadores consiste en desarrollar un “esquema dual” que permita distinguir a los municipios que obligatoriamente tendrían que adherirse al mando único, de aquellos que podrían optar por no hacerlo. Un esquema de este tipo tendría que contemplar como mínimo dos componentes. En primer lugar los criterios de desarrollo institucional que las policías municipales deberían cubrir, como el número de elementos, y los estándares en materia de profesionalización, salarios, y aplicación de pruebas de control de confianza. Más importante, para conservar el mando sobre su policía, los municipios tendrían que dar resultados; por ejemplo, que sólo fueran elegibles los municipios que registraran consistentemente tasas anuales menores a los 20 homicidios por cada 100 mil habitantes (lo que más o menos corresponde al promedio que actualmente se registra en México).

Este esquema dual tendría dos ventajas. La más evidente es de carácter político. Al generar una alternativa al mando único para los municipios con mejores policías (que incluirían a un número relativamente pequeño, pero muy influyente de municipios grandes) se neutralizaría en buena medida la oposición a la reforma, y esta tendría mejores perspectivas de “transitar” y ser aprobada. La segunda ventaja es que se generaría un poderoso incentivo para que este grupo de municipios grandes invierta en mejorar sus corporaciones policiales.

Twitter: @laloguerrero

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