Opinión

Plataforma Nacional de Transparencia

 
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Laptop genérica

El próximo 5 de mayo ahora también será una fecha importante para la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. Este día se pondrá en operación la Plataforma Nacional de Transparencia, una solución informática instituida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para facilitar el ejercicio de este derecho humano y publicitar la información de las obligaciones de transparencia establecidas en esta misma Ley General.

Concretamente, el artículo 50 señala que la Plataforma deberá contener, al menos, cuatro sistemas: 1) Sistema de solicitudes de acceso a la información; 2) Sistema de gestión de medios de impugnación; 3) Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y 4) Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.

El primer sistema facilita el ingreso y la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO). Es decir, en un solo sitio de Internet, y con un solo usuario y contraseña, se podrán realizar solicitudes a cualquier institución pública, conocidas como sujetos obligados, del ámbito federal, estatal o municipal, incluidos los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos; incluso, será posible ingresar hasta 33 solicitudes múltiples a la misma cantidad de instituciones.

Y para quienes no estén conformes con la respuesta de los sujetos obligados, o por la falta de ésta, el segundo de los sistemas permitirá interponer recursos de revisión ante los 33 organismos garantes de transparencia, para que éstos se aseguren de observar lo que la normatividad establece y resuelvan el recurso conforme a derecho. Si todavía el solicitante no está de acuerdo con la resolución de este organismo en el ámbito local, entonces el sistema le da la opción de interponer otro recurso de inconformidad ante el INAI, que fungirá como un tribunal de alzada para garantizar este derecho constitucional.

En el tercer sistema estará capturada toda la información que la Ley General ordena publicar a los sujetos obligados, utilizando formatos creados especialmente para la presentación uniforme de la información, lo que hará posible su comparación, explotación o reutilización. En otras palabras, este sistema concentrará un gran volumen de información para que los ciudadanos puedan seguir la huella del uso y destino de los recursos públicos, las actividades, decisiones y actos de autoridad de los sujetos obligados, dentro de los cuales se encuentran las personas físicas y morales que también reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad. Cabe aclarar que la primera carga de información se realizará entre los meses de mayo a noviembre de 2016, lo que significa que la información estará completa hasta finales de año.

El cuarto sistema es una herramienta de comunicación entre sujetos obligados y organismos garantes, por medio de la cual intercambiarán documentación electrónica para sustanciar los recursos, ya sea de revisión o inconformidad. Además se utilizará como comunicación institucional para otro tipo de actividades.

La Plataforma considera otros mandatos de la Ley General, como la accesibilidad para personas con discapacidad y la disponibilidad de la información en datos abiertos. Asimismo, se desarrolla una aplicación para teléfonos inteligentes vinculada a la Plataforma, donde se podrán realizar solicitudes o interponer impugnaciones. Y quienes carezcan de acceso a Internet tendrán la posibilidad de hacer solicitudes mediante el TEL-INAI (01800 8354324) con el uso del teléfono convencional; en este caso, las o los operadores las capturarán en la Plataforma y las respuestas serán remitidas por las vías que los solicitantes elijan.

Este sitio informático será único en el mundo y, seguramente, servirá de modelo para los países que pretendan poner al alcance de sus pueblos la información generada por los gobiernos. Así, esta Plataforma es el mejor ejemplo de la aplicación de las TIC’s al servicio de los derechos de las personas.

El autor es Comisionado del INAI.