Opinión

Planear como se debe

Entre los cambios que implicaría la nueva Ley de Productividad y Competitividad, así como las reformas a la Ley de Planeación, uno de los más importantes es el que plantea un horizonte de planificación para 20 años.

Más que el lapso en sí mismo, el plantearse las dos décadas hacia adelante tiene, a mi juicio, dos implicaciones muy relevantes.

La primera es que hay el reconocimiento de que los procesos económicos, en especial los relacionados con la productividad y la competitividad, requieren de lapsos de maduración prolongados.

Por ejemplo, la más trascendente de todas las reformas hechas en los últimos meses –si se aterriza correctamente– no es la energética sino la educativa. Y ella va a requerir de 20 a 25 años para ofrecer resultados.

La segunda implicación es haber roto el calendario sexenal a la planeación. Los proyectos con horizonte sexenal reflejan una visión que condiciona a la política y sus tiempos la elaboración de programas que a veces deben trascender los sexenios.

Ni el desarrollo de la explotación petrolera en aguas profundas, ni la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México o el mejoramiento de las habilidades lectoras y de razonamiento matemático entre los jóvenes, son procesos que puedan darse en el lapso de un sexenio.

Sin embargo, no basta con que la nueva ley o las reformas que se aprueben propongan ese horizonte de 20 años.

Se necesita que la clase política logre algunos consensos básicos que definan una estrategia de crecimiento que pueda tener continuidad por un plazo largo.

Imagínese el desastre que sería que en 2018 llegara al gobierno y a la mayoría de las cámaras una tendencia política que tuviera como programa echar para atrás las reformas que se han aprobado en los últimos meses.

O que la nueva administración dijera que es mala decisión la de construir el aeropuerto donde se decidió y echara para atrás el proyecto.

No se requiere que los consensos sean en todos los aspectos. De hecho, eso sería lamentable pues la diversidad es muy relevante. Pero sí que haya un núcleo esencial de acuerdos.

Déjeme resumir algunas que deberían estar en esa lista: la necesidad de incrementar la productividad de la economía mexicana; la estabilidad financiera como un valor a mantener; la necesidad de reducir la burocracia y diseñar un Estado más eficiente; la creación de un ambiente amigable a los negocios con las regulaciones adecuadas y no asfixiantes; la necesidad de incrementar los niveles de vida de los más pobres, por citarle sólo algunos ejemplos.

Aunque los cambios en las leyes no son suficientes, como le comentaba previamente, sí reflejan las intenciones explícitas del gobierno y de las fuerzas políticas, pueden ser de gran relevancia al construir una visión que guíe el diseño de las políticas públicas.

Aunque la reforma anunciada la semana pasada no se liste entre las estructurales, puede ser una de las más relevantes si se logra llevar a la práctica.

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