Opinión

Pizza, ¿vegetal o fruta?

 
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¿Quién hace la mejor pizza, Inglaterra o Italia?

La historia sucedió en 2011: el Congreso de Estados Unidos consideró a la pizza un vegetal. Así lo publicó NBC News el 15 de noviembre. Es un gran titular, uno de esos que nos permite reírnos de los políticos en general y de los estadounidenses en particular.

La historia, en realidad, es algo más compleja. En ese año una iniciativa del gobierno de Obama buscaba hacer más saludable la alimentación que los niños reciben en las escuelas de Estados Unidos y el Congreso debió revisar las normas que regulan los menús escolares.

Lo que hizo el Congreso fue mantener vigente una disposición que consideraba la pasta de jitomate como un vegetal y, como esa pasta se usa para hacer pizzas, puede ser servida como tal en las cafeterías de las escuelas.

El titular y la risa se han mantenido desde entonces tanto como la norma, pues el Congreso no modificó su visión sobre la pasta de jitomate. Que el jitomate no sea un vegetal sino una fruta, no parece incomodar demasiado a los legisladores, y que la pasta de tomate tenga tanta azúcar que se asemeje más a un postre, tampoco. Si todo eso se mantiene es por razones mucho más prosaicas que hacer caso de la verdad científica o el sentido común. Y esas razones se resumen en una palabra: dinero.

La pizza como vegetal es producto del cabildeo de los productores de pizza de Estados Unidos, quienes se unieron, contrataron abogados y echaron mucho dinero en campaña para presionar a los legisladores a que no cambien la norma que permite servir pasta de jitomate (y por ende pizza) en las escuelas.

Y ese es el punto: el dinero de los intereses especiales puede con el sentido común y, también, con la ley. Sólo en Washington, según Bloomberg, había 11 mil 781 cabilderos registrados hacia 2015, encargados de promover desde los intereses de las cadenas de pizzas hasta cualquier tipo de actividad económica. Y sólo para abrir boca, en 2015 recibieron 3.2 billones dólares (tres mil 200 millones de dólares) por sus expertas asesorías. Es este mecanismo el que facilita que se aprueben leyes que sean beneficiosas para élites y oligopolios.

México no ha comprendido esto: en Estados Unidos el tráfico de influencias, cuando no la llana corrupción, está institucionalizada y reglamentada por el cabildeo. Funcionarios que abandonan el sector público acaban como consultores o cabilderos directos de las empresas que antes regulaban, e incluso vuelven a la misma función en el Estado, tiempo después. Las empresas, a través de sus cabilderos, financian las campañas electorales de los legisladores y/o negocian apoyos.

Son las reglas del juego. México ha perdido batallas comerciales al enfrentar intereses especiales, como los agrícolas, bien defendidos en Estados Unidos por sus cabilderos en el Congreso. La última vez que recuerdo que nuestro país empleó las mismas reglas de Estados Unidos fue hace más de 20 años, cuando el gobierno mexicano utilizó los servicios de estos [cabilderos] para impulsar la negociación del TLCAN.

Pero contratar cabilderos estadounidenses en gran escala para empujar nuestros intereses no podría suceder hoy. Si un servidor público lo sugiriera y lograra convencer al presidente sería altamente cuestionado, acusado de corrupción y terminaría dimitiendo, en el mejor de los casos.

De esto se encargarían los partidos de oposición y la prensa mexicana.

Seguiremos perdiendo batallas, incluyendo la relacionada con los mexicanos indocumentados, independientemente de quién llegue, Hillary o Trump a la presidencia. Ganar batallas en Estados Unidos no se logra a través de adjetivos y descalificaciones.

Aunque no esté en nuestra cultura y no nos guste, se requiere de 'ayuda' de los cabildeadores.

Opine usted: rogozinski@mitosymentadas.com

Twitter: @JaqueRogozinski

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