Opinión

Perverso o perdido,
el gobierno en Zamora

Al revisar la actuación del gobierno federal en el caso del albergue La Gran Familia, de Zamora, sólo hay de dos sopas, y ninguna es buena.
Primera sopa: Cateen, encarcelen e incriminen en los medios y luego “viriguan”. Veamos.

Según una nota de Milenio publicada el sábado, desde hace 14 meses la Procuraduría General de la República inició averiguaciones con respecto a posibles delitos en el albergue de Rosa Verduzco, Mamá Rosa. “Durante ese lapso, la investigación se fortaleció con al menos 16 declaraciones ministeriales (a las que el juez que ordenó el allanamiento de la casa hogar concedió credibilidad), una denuncia de hechos, dos comparecencias, dos ampliaciones de declaración, dos dictámenes en psicología, fe ministerial de documentos, fuentes abiertas y directas, y seis informes de las áreas de investigación y de infiltración de la Policía Federal”, dice la nota de Ignacio Alzaga.

Suena bien, salvo que el caso empezó a tambalear desde el momento mismo de darse a conocer. En la rueda de prensa de la PGR del 15 de julio, el procurador Jesús Murillo Karam y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, comienzan dando cifras distintas de los motivos del operativo.

Murillo: “El día de hoy, en acatamiento a una orden de cateo derivada de la denuncia hecha por cinco personas en relación al hecho de que sus hijos estaban en un albergue…”

Zerón: “El operativo se deriva de al menos 50 denuncias en contra de los administradores de esa casa hogar, principalmente de la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por privación ilegal de la libertad”. (Fuente: boletín de la PGR )

Y al terminar la semana, Rosa Verduzco está en libertad y sin cargos, luego de las dudas generalizadas que ha suscitado el macro operativo del gobierno para detenerla, tanto por la forma como por el fondo del mismo.

Conclusión de esta “sopa”: el gobierno federal autorizó el uso del Ejército y de su mejor agencia policiaca sin preveer desde el primer momento los escenarios de atención de víctimas, muchas de ellas menores de edad, que se supone que eran el origen de la intervención.

El DIF nacional no estuvo en la rueda de prensa del martes y en su página de internet hasta ayer no había comunicado, o posicionamiento en Twitter al respecto. Tampoco fue notificada a priori (y menos invitada) la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La plana mayor de ese organismo estaba en un foro en Morelos, y se enteró de los hechos como usted y yo, por la prensa y las redes sociales. Y la CNDH, de la que ya nada extraña, habló del tema hasta dos días después. E incluso el comisionado Alfredo Castillo, máxima autoridad en Michoacán, entró al quite a posteriori.

Cuando la reacción de diversas personalidades arrinconó al gobierno federal, que en su confusión permitió que ONG se convirtieran en fiscales en los medios, tuvo que recular. En suma. El gobierno ejecuta un macro operativo en una zona crítica en cuestiones de seguridad sin la menor idea de qué encontrará, quién es verdaderamente la persona que dirige ese centro, qué apoyos tiene, qué impacto mediático habrá, y sobre todo, qué hará con cientos de víctimas. Desastroso. Si así hacen algo tan visible, ¿cómo harán otras cosas?

La segunda sopa supone que estamos ante un caso para distraer a la opinión pública de la discusión energética. Entonces el asunto fue un gran éxito, pero reflejaría una preocupante perversidad.

¿Ustedes, qué sopa prefieren?