Opinión

Periodo extraordinario a la vista

1
  

   

Diputados

A unas horas de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, no hay acuerdos que permita contar con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni con el Mando Único. Y a pesar de los buenos deseos de algunos senadores y diputados en el sentido que si habrá consensos de última hora, la realidad indica que se irá a extraordinario para desahogar estos temas, además del desafuero de la llamada chapodiputada.

El segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio en la LXIII Legislatura, está a cuatro días de que concluya en San Lázaro y resulta hasta desesperante que dediquen su tiempo a dictaminar sobre cuestiones hacendarias, de salud, de derechos para las Fuerzas Armadas, ya que aunque forman parte de reglamentos importantes son muy específicos y en general son trámites que han alcanzado consensos, en lugar de debatir en torno a los dos temas que con urgencia la sociedad espera que lo hagan.

Se trata de las iniciativas que en la Cámara de Senadores se conocen como leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa de ley que crea el Mando Único policial, asuntos que en cualquier momento la colegisladora, el Senado de la República, podría hacerle llegar las minutas respectivas para su aprobación.

Aunque todos los legisladores coinciden en que son temas que no deben esperar más tiempo, el problema radica en que los grupos parlamentarios ven este asunto con diferente óptica. Para los del PRI y sus aliados, PVEM y Nueva Alianza, el SNA es tan relevante que éste no debe supeditarse a una aprobación tipo fast track, o que se enmarque en la norma propuesta por la llamada Ley 3 de 3, propuesta ciudadana importante pero que ante las siete leyes que soportan a todo el Sistema Nacional Anticorrupción, pues francamente resulta desgastante concentrarse en un solo punto de todo el entramando legal.

Es tal la visión partidista y la visión mezquina de las fracciones partidistas del PAN, PRD y Morena que a todas luces sus posturas están movidas por sacar raja política en tiempos electorales en lugar de construir una propuesta de gran calado que beneficie al país; piensan en cómo lucrar los temas del interés ciudadano, a quienes dejan por debajo de objetivos de grupo, argumentos que vistos así pierden toda seriedad, eso es lo lamentable de esta discusión que apenas inicia.

Y si nos apuran, se puede afirmar que los periodos ordinarios o extraordinarios en San Lázaro no están en el ánimo de éstos legisladores, no, ellos ven más allá y poco les importa caer en falta e incumplir con las fechas establecidas, están pensando en el 5 de junio, fecha en que se renovarán 12 gubernaturas y en la Ciudad de México se elegirá al Constituyente, que habrá de redactar la primera Constitución de la capital.

Existe un mandato constitucional que señala que las leyes secundarias del SNA deben emitirse en mayo; sin embargo, al paso que van los legisladores se trabaja contracorriente para tener listos los dictámenes correspondientes a unos días de que concluya el periodo ordinario.
Quieran o no, el desahogo de los pendientes debe de ocurrir en un periodo extraordinario de sesiones en virtud de que se les acabó el tiempo de legislar en el periodo ordinario.

Padrón electoral. Ante el gravísimo delito que representa la divulgación del padrón electoral del INE, se requiere que no sólo las autoridades electorales participen en las pesquisas, sino la propia PGR debe perseguir los hechos criminales que representa este delito, que afecta a todos los mexicanos.

El diputado del PAN, Jorge López Martín, dijo que es preciso que no se permita que haya ni un espacio de impunidad, porque este hecho vulnera el derecho de todas y todos los ciudadanos a la protección de sus datos personales, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución. El castigo al partido político que filtró el padrón no únicamente debe ser quitarle el registro, sino proceder penalmente contra los culpables, trátese de quien se trate.

Jesús Sesma, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, exigió que las sanciones puedan ser hasta penales. “Es muy claro el código electoral y hoy en día quien viole o violente algún tipo de disposición electoral puede ser acusado penalmente. El partido Verde solicita que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Aquí lo que se está generando es una vulnerabilidad a nuestra legislación electoral y es muy peligroso para las próximas elecciones y, sobre todo, que hace mella en la confianza que tiene la ciudadanía en el INE”, acotó.