Opinión

Pensar el federalismo

Aunque México se ha llamado República Federal por buena parte de su historia, en realidad en pocos momentos este tipo de sistema ha estado en vigor en los hechos. El periodo federal más largo es sin duda el que estamos viviendo, que inicia con la rebelión de Madrazo en 1995 y sobre todo con el derrumbe del viejo régimen en 1997.

Por cuestiones históricas, lo que el sistema federal actual representa es la reproducción del viejo régimen pero ahora por entidad. En donde puede, el gobernador concentra todo el poder político, más allá de lo que las leyes digan. En buena parte de los estados, el Congreso local no es autónomo, ni el Tribunal Superior sirve de algo. Los órganos autónomos, que ahora son moda federal, en las entidades suelen estar capturados por el gobernador.

Así, los avances que se han logrado a nivel federal en los últimos veinte años no se reflejan en las entidades. Algunas mejoran, otras retroceden. Frente a ello, en este gobierno se ha iniciado un sordo proceso de centralización: se les quita el manejo presupuestal, se limita su papel en negociaciones, se busca un modelo nuevo de seguridad, y pierden el control de las elecciones.

Precisamente en este último punto parece haber una rebelión. Aunque la reforma constitucional logró cerrarse, el proceso de conciliar las leyes locales no está avanzando al mismo ritmo. Acción Nacional ha puesto como condición para sacar la reforma energética el fin de ese proceso, porque es la última palanca con que cuentan. Dada la urgencia que para el gobierno federal tiene el tema energético, uno supondría que agilizarían la conciliación. Parece que no pueden.

Algo similar ocurrió con la reforma educativa, que en algunos estados avanzó menos, o de plano nada. Uno podría pensar que se trata de una reacción popular, regional, defendiéndose frente a la imposición del centro, pero para eso habría que ignorar la historia del siglo XX. Lo que ocurre, me parece, es que hay estados que se manejan como coto de los gobernadores, que no están dispuestos a ceder. Nayarit es un gran ejemplo.

Veo dos posibles soluciones a este fenómeno. Una sería reconocer que México no puede con el sistema federal (como no ha podido en toda su historia), y movernos a un sistema central. El mito y las costumbres hacen esta solución complicada, y además hay el riesgo de acabar peor, porque el centralismo del siglo XX fue un fracaso.

La otra solución es darle al Senado el papel de contrapeso a los gobernadores que debería tener, pero en serio. Hay que recordar que el Senado es en donde está el que quiso ser gobernador y no pudo, el que ya fue gobernador, o el que piensa serlo próximamente. Todos son enemigos del gobernador en turno, y eso hace del Senado el contrapeso ideal del poder local.

Si el Senado tuviese atribuciones para remover gobernadores, bien reguladas, éstos tendrían que cuidarse. El poder local no tendría un único centro, y eso permitiría que los congresos locales pudiesen imponerse al gobernador. Tarde o temprano, el efecto llegará a los tribunales, sobre todo si al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura se toma en serio su trabajo como regulador del Poder Judicial.

Mientras más pronto, será mejor.