Lo que está en juego
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Lo que está en juego

14/11/2018
Actualización 14/11/2018 - 12:26

Los próximos días serán cruciales para nuestra seguridad. De manera simultánea y paralela se adoptarán dos decisiones que determinarán la manera en la que se enfrentará a la criminalidad en México durante los próximos años. Por un lado, en sede legislativa, se discute la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Por el otro, en sede judicial, se analiza la (in)constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. No exagero al sostener que lo que está en juego es la naturaleza real del Estado mexicano.

Desde la perspectiva formal –constitucional–, México es un Estado democrático de derecho. Pero en los hechos, desde hace al menos tres lustros, hemos experimentado un estado de cosas autoritario. La militarización, las violaciones de derechos humanos, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, etc., son propias del autoritarismo y no de la democracia. Lo mismo sucede con la impunidad: ésta aumenta cuando los Estados son débiles y arbitrarios y disminuye cuando existen instituciones fuertes que son capaces de procurar e impartir justicia. Los verdaderos Estados constitucionales recurren a la violencia de manera excepcional.

El debate sobre la Fiscalía General lleva años y ha involucrado a un colectivo amplio y diverso de organizaciones sociales, instituciones académicas y, por supuesto, funcionarios y legisladores. De hecho, en los últimos meses, en respuesta a una convocatoria del futuro gobierno, se instalaron mesas para redactar una propuesta de ley orgánica que –como debe ser– está en la mesa del Poder Legislativo. Ignoro si ese será el proyecto que será discutido y eventualmente aprobado, pero me parece importante advertir los aspectos principales que –a mi entender– debería contener una ley en la materia.

En primer lugar, debe contemplarse un Plan de Persecución Penal que hoy no existe y que es indispensable para procurar justicia de manera programada y coordinada. En segunda instancia, es fundamental dotar a la Fiscalía de un verdadero servicio civil de carrera que permita contar con policías, ministerios públicos y peritos capaces y honestos. Eso debe complementarse con una estructura organizacional que combine autonomía y controles. Además es necesaria flexibilidad funcional para lograr una adecuada investigación y persecución de los delitos. Por último, la ley debe contemplar un régimen de transición estratégico que garantice que la mutación de la PGR a la FGR sea real y ordenada.

Hay otros aspectos relevantes pero, a mi juicio, estos son los imprescindibles. De hecho, son los ejes de las propuestas que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE han venido impulsando desde hace meses. Según los expertos de ambas instituciones, sin estos elementos será imposible contar con las autoridades civiles necesarias para enfrentar al fenómeno criminal del México contemporáneo.

Esto último nos engarza con la Ley de Seguridad Interior. Esa pieza legislativa probablemente ha sido la más polémica en el México contemporáneo. Su texto legaliza y amenaza con perpetuar el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia. Con ello apuntala jurídicamente una estrategia que ha socavado al Estado constitucional de derecho. Parece contradictorio pero no lo es, porque es una ley que contraviene principios y amenaza derechos que la Constitución mexicana promete proteger. Por eso es crucial lo que decidirá la Suprema Corte.

Ayer, se prefiguró un escenario sorprendente por el cual la ley podría ser declarada inconstitucional. Cinco ministros y una ministra se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la ley con argumentos que, si bien no son idénticos, objetan la competencia del Poder Legislativo para aprobarla. Faltan dos votos en ese mismo sentido para desfondar una ley que buscaba apuntalar una estrategia de seguridad que se ha demostrado fallida. No sabemos cómo votarán los cuatro jueces constitucionales que faltan por pronunciarse, pero las posturas de quienes ya lo hicieron son demoledoras para la retórica del gobierno saliente y de los aliados con los que confeccionaron la ley. El problema es que también es una advertencia para las Fuerzas Armadas y para el gobierno entrante, que ya adelantó que la estrategia militar seguirá en pie.

Por eso es tan relevante el diseño y articulación de la nueva Fiscalía General de la República. Estamos en una coyuntura única para iniciar el cambio de viraje hacia una estrategia civil para enfrentar al crimen. Ojalá.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.