Opinión

Pedazos de la verdad

Aquello que vemos como lentitud del gobierno federal en resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, no es otra cosa que evitar dar pasos en falso y presentar culpables que no lo sean.

La investigación tiene que ser sólida, pulcra, para dar con los desaparecidos, hacer justicia y que todas las diligencias realizadas para llegar a la verdad puedan ser revisadas por quien sea, ahora o años más adelante.

Por el momento hay confusión y sólo conocemos retazos de lo que podría ser la verdad.

A juzgar por lo que declaró ministerialmente el jefe del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero tendría graves responsabilidades en los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

El diario Reforma publicó parte de la declaración de Sidronio Casarrubias, quien da a conocer que entre los estudiantes procedentes de Ayotzinapa venían 17 miembros del cártel de Los Rojos, adversarios de Guerreros Unidos.

Iban a Iguala a matar a los jefes del cartel Guerreros Unidos, en un operativo que contaba con la anuencia del procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, y del secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vásquez.

Para obtener esa autorización de parte de las autoridades policiacas del gobierno estatal, Los Rojos les pagaron 300 mil dólares, según confesaron Los Rojos detenidos por la Policía de Iguala y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, encabezados en ese operativo por El Gil, lugarteniente de Casarrrubuias.

En este espacio lo comentamos el lunes antepasado: el área de seguridad del gabinete de Ángel Aguirre Rivero estaba en manos de personas ligadas al cártel de los Beltrán Leyva, del cual se desprenden Los Rojos y Guerreros Unidos.

Es decir, no sólo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba copado por bandas criminales, sino que probablemente también el gobierno del estado de Guerrero.

Como han publicado los periodistas Salvador García Soto y Jorge Fernández Menéndez, el presunto compromiso de Aguirre Rivero con grupos criminales se remontaría a su campaña para gobernador, financiada en parte por la familia de María de los Ángeles Pineda, esposa de quien luego fuera alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Esa familia, como se sabe, estaba integrada por operadores de primer nivel del cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con los periodistas, y según los propios testimoniales de Sidronio Casarrubias, Aguirre Rivero y la esposa del alcalde tenían una relación sentimental, lo que extremaba la confianza.

Por ello, tal vez, María de los Ángeles se reunió en privado con el gobernador Aguirre en las oficinas de Turismo en Acapulco, el 29 de septiembre, y luego pudo darse a la fuga.

Ahí podría estar la razón, también, por la que Aguirre Rivero desoyera la petición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que tuviera vigilado a Abarca mientras contara con fuero y evitara su fuga.

De esta manera el panorama toma forma y cierta lógica, pues no la tenía: demasiada violencia para normalistas que iban a boicotear el informe de la primera dama de Iguala.

Pero todo lo anterior debe estar sustentado al cien por ciento y a prueba de cualquier escrutinio. Por eso la lentitud. Es mejor paso seguro que fabricaciones que se desmoronen.

Twitter: @PabloHiriart