Opinión

¿Patentar la agricultura?

 
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Bachoco (Archivo)

El litigio judicial en México alrededor del maíz transgénico tiene varios aspectos interesantes, algunos relacionados con el propio proceso legal, otros con la salud humana y ambiental, y otros con la intención de evitar cambios radicales en las prácticas agrícolas.

Para la fama de nuestro estado de derecho, vale destacar que, en este caso, el poder judicial ha atendido los argumentos y pruebas que grupos campesinos, civiles y medio centenar de científicos mexicanos han opuesto a los intereses de Monsanto, Syngenta, Dow y Pionner, cuatro empresas transnacionales. No siempre los más poderosos tienen la razón en México.

El curso del litigo, que ya tiene cuatro años, tuvo el miércoles de la semana pasada otro de sus episodios, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una solicitud de amparo de Monsanto, por considerar que no tiene personalidad legal para dirigirse a la Corte.

En lo concerniente a si los alimentos transgénicos son peligrosos para la salud o dañan el ambiente, nada está definitivamente probado; países de Europa y Rusia no están dispuestos a experimentar en la gente ni a arriesgar su biodiversidad.

Sólo las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos sostienen que los transgénicos son inocuos, pero los científicos y campesinos mexicanos que lograron en 2013 la orden judicial de suspensión de permisos para sembrar maíz transgénico con fines comerciales, deben haber presentado pruebas de mucho peso, particularmente sobre la dispersión y contaminación de genes patentados.

Hay que subrayar también, que la difusión de los transgénicos convierte la agricultura en un negocio de patentes. Monsanto fue una de las primeras corporaciones gigantes en vincular, desde finales de los años setenta del siglo pasado, la biotecnológica a la agricultura como negocio. Lo hizo en California.

La libre comercialización de semillas de maíz transgénicas y su muy probable contaminación del medio centenar de variedades que se utilizan en el campo mexicano significaría que, en vez de utilizar parte de la cosecha como semillas para la próxima siembra, dentro de algunas décadas, el campesinado sólo podría sembrar las semillas que vendan las transnacionales, en paquete con sus agroquímicos (algunos, como el glifosato, fue catalogado en 2015 como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud).

La batalla por evitar la siembra comercial de maíz transgénico no terminará hasta que el Juzgado de Distrito dicte sentencia sobre la acción colectiva que denuncia el daño que los transgénicos provocarían a la biodiversidad.

Si tales pruebas son fehacientes, sería bueno que las grandes empresas agroindustriales mexicanas, como Bimbo, Maseca, Bachoco, Herdez y La Costeña, se sumaran a la batalla de la colectividad científica, campesina y civil por el bien de nuestra cocina, de nuestra salud, de la biodiversidad y para evitar la dependencia del mercado desde la compra de semillas para la siembra.

Esta columna reaparecerá en este espacio de El Financiero hasta el 6 de julio próximo.

http://estadoysociedad.com

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