Opinión

¿Partidos sin dinero?

 
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VOTO

El origen del financiamiento público a partidos políticos en México tiene su énfasis en la fundación del IFE a principios de los años 90. Si bien desde la histórica reforma de Reyes Heroles a finales de los 70, cuando la representación de fuerzas minoritarias y partidos pequeños tuvieron su debut legislativo, ya el tema de los dineros para “fomentar y promover” la representatividad democrática estaba sobre la mesa.

Con el IFE instituido y la enorme campaña de promoción al voto de aquellos años, el espíritu de financiar con dineros públicos a los partidos, radicaba me parece en dos criterios: emparejar las condiciones de competitividad frente al monstruo hegemónico del PRI, y cerrarle el paso a financiamiento oscuro, proveniente de orígenes desconocidos, ya fueran privados –con agendas de grupos o élites– o criminales de organizaciones delincuenciales.

Sobre estas premisas hemos vivido dos décadas de creciente financiamiento a partidos, algunos más serios o estructurados, que compiten por el poder, lo han ganado y ejercido –sin duda, con muy cuestionables resultados. Pero en muchos otros casos, a organizaciones familiares, clientelares, que encontraron el camino de la política expresada y construida a través de partidos establecidos, como una forma de excelente negocio y establecimiento de empresas.

Hemos tenido más de 15 partidos que han desaparecido en las últimos 20 años, pero que nos han costado miles de millones de pesos a los contribuyentes.

El dato duro más reciente es del PT (Partido del Trabajo) apéndice del PRD, incapaz de formar cuadros propios, refugio de los disidentes de la izquierda institucional. En 23 años de existencia le costó al erario más de 5 mil millones de pesos. En los mismos 23 años, ganó 26 alcaldías y 20 diputaciones federales. Aproximadamente 50 millones de pesos por cada cargo de elección popular. Inadmisible.

Hoy es un lugar común en México decir que tenemos una democracia cara y costosa. El sistema de financiamiento a partidos, el aparatoso costo de las elecciones, el mecanismo de publicidad controlada y adquirida por el propio Instituto pero con el mismo dinero público, ha convertido en un negocio –muy rentable– el de la política electoral.

En los últimos 15 años, los de la transición, la autoridad electoral ha dispuesto de más de 54 mil millones de pesos para financiar las actividades de los partidos, sus oficinas, empleados, labores de promoción del voto, proselitismo político y mil y un perversiones adicionales.

Hoy el Consejo general del INE quiere un nuevo edificio, una nueva sede de costo desconocido hasta ahora, porque es necesario para la fundamental labor que realizan.

La ciudadanía, harta y cansada de los partidos, de los excesos del Verde, de los fraudes del PAN y la debacle del PRD, del PRI de toda la vida y todos los tiempos, aunque pretendan aparecer con la cara lavada, de un PT sin base ni representatividad, sin cargos más que los que ha obtenido por sus alianzas, y así, podríamos recordar muchos de los anteriores, ya desaparecidos. ¿Usted se siente representado por alguna de estas fuerzas? Yo no.

Tal vez ha llegado el momento de una nueva reforma electoral que rediseñe todo el modelo. Menos dineros para el aparato, menos dinero para el INE sin edificio nuevo, pero sobre todo, menos dinero para organizaciones políticas cuya rendición de cuentas es mínima, con nula transparencia y absoluta discrecionalidad en sus gastos y el uso de sus recursos.

Que ese dinero se destine a combatir la pobreza y no a enriquecer organizaciones carentes de base, de eje programático, de estrategia social y económica.

La actividad política, esa “noble” tarea de representar –desinteresadamente– a los conciudadanos para producir mejores condiciones de vida para todos, no tendría que estar financiada por los contribuyentes. Especialmente, cuando tenemos un país en las condiciones de subdesarrollo, desigualdad y pobreza de México.

Tenemos un sistema electoral caro, por encima de muchos países europeos –salvadas las características geográficas y demográficas– que ha sido incapaz de consolidar la transición democrática.

¿Alternativas? Disminuir sensiblemente el financiamiento a partidos con fondos públicos, cubrir apenas los gastos mínimos de operación, no las campañas, no los estipendios y sueldos a funcionarios y líderes. Si es tanta su vocación, que sean voluntarios, que no reciban salario fijo. Tal vez veríamos un éxodo masivo de muchas personas buscando empleo.

¿Lo conseguirían en otra parte?

México vive una profunda crisis de partidos políticos, extraviados, en búsqueda de su “alma”, de su razón de existir, en la reconstrucción de sus cuadros, en la reformulación de principios. Aprovechemos para disminuir sus fondos provenientes del erario y destinarlos a sectores clave de la economía nacional.

Twitter:@LKourchenko

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