Opinión

Partidos, franquicias para criminales

Andrés Manuel López Obrador está acosado porque no puede responder con argumentos, porque cuando le entregaron un expediente de José Luis Abarca y sus vinculaciones criminales, ignoró las acusaciones sin permitir que le perturbaran el alma. Abarca, alcalde de Iguala, era protegido de Lázaro Mazón, exalcalde del mismo municipio y senador, de donde se incorporó al gobierno de Ángel Heladio Aguirre como secretario de Salud. Mazón, el principal operador de López Obrador en Guerrero, era su precandidato a la gubernatura hasta que Iguala se convirtió en el estudio de caso de la narcopolítica en México.

Abarca, respaldado hasta el final por el PRD, es acusado de ser co-responsable de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que de acuerdo con las informaciones ordenó a la Policía Municipal que los detuviera y entregara a la banda criminal Guerreros Unidos. Pineda Villa era consejera estatal del PRD y jefe de plaza de esa banda, que surgió de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2011, y que se expandió en Guerrero y Morelos de la mano de alcaldes y políticos en los dos estados y, según las investigaciones, del empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, su publirrelacionista y gestor ante las élites de la región.

La desaparición forzada de los normalistas exhibe hoy el entramado político que otorga protección a la delincuencia organizada. López Obrador es embestido por sus pares y los medios [de comunicación] por negligencia, en el mejor de los casos, pero no es el único de su clase que está en el caldero del Diablo. Está lejos de ser el único responsable en la construcción de una narcopolítica abierta, cínica, descarada e impune en México. Todos los partidos lo son, al convertir quién sabe cuántos distritos y municipios en franquicias que compraron los criminales.

Iguala será el ícono de esa descomposición y búsqueda sin escrúpulos del poder, pero apenas si es un ejemplo de cómo la clase política mexicana permitió –y sigue haciéndolo– entreverar al crimen con la política. Alcaldes, funcionarios y policías de 13 municipios de Guerrero, están siendo investigados por la PGR por su presunta colaboración con Guerreros Unidos. Pero la investigación tiene que ampliarse y profundizarse, cuando menos en el principio, en contra de esa banda criminal y de sus archienemigos en la región, Los Rojos.

Guerreros Unidos no sólo contaba con alcaldes y políticos a su servicio en Guerrero, sino en el vecino Morelos. Uno de los casos más claros se encuentra en Amacuzac, donde el alcalde Noé Reynoso, que gobierna bajo la bandera del Partido Verde, ha sido vinculado al empresario Figueroa. Reynoso está enfrentado políticamente con el exalcalde y hoy diputado local Alfonso Miranda, que representa al PT, y contra quien el fiscal de Morelos pidió al Congreso un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes. Fracasó el fiscal. Hace tres semanas, rechazaron su petición.

Miranda es tío de Santiago Mazari, apodado El Carrete, que es el jefe de plaza en Amacuzac de la banda de Los Rojos, otra derivación de los Beltrán Leyva, que controlan Chilpancingo, la capital de Guerrero, y señalado en declaraciones ministeriales por Sidronio Casarrubias, uno de los jefes de Guerreros Unidos detenido hace dos semanas y reproducidas por la prensa, como el responsable de una célula de 17 normalistas de Ayotzinapa que trabajaban para Los Rojos, con quien están en abierto enfrentamiento por plazas y territorios en las dos entidades. La afirmación de Casarrubias coincide con las declaraciones de los policías de Iguala que dijeron que la orden de detener y entregar a Guerreros Unidos era únicamente contra 17 normalistas.

Ninguna de las dos bandas criminales podría haber sobrevivido sin la ayuda de los políticos, que por miedo o dinero, colaboran con ellos. Por ejemplo, una alcaldesa del PRD en Morelos designó al novio de su hermana secretario de Seguridad Pública, quien desde un cargo previo inferior, de acuerdo con investigaciones policiales, hacía exactamente lo que su par en Iguala, Felipe Flores, prófugo de la justicia por el caso de los normalistas: identificar a los enemigos de Guerreros Unidos, y entregárselos a sus sicarios. En otro municipio morelense, el alcalde priista, según investigaciones policiales, paga dos millones de pesos mensuales a esa organización por protección. Cuando se preguntan por qué los municipios no tienen dinero, en esos pagos se encuentra una de las respuestas.

Hay muchos Igualas en el país, pero se puede comenzar con la erradicación de la narcopolítica en Guerrero y Morelos. El Estado mexicano no puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder, como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos Lehder, el primer gran capo colombiano, fundó un partido político –para incidir en leyes–, financió a una de las cinco guerrillas en ese país que atacaron directamente a los jueces –que querían extraditar a los narcos colombianos–, y abrió la puerta para que otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el mejor blindaje para su negocio.

Iguala es la metáfora colombiana, y México entrará al túnel de las pesadillas que fue Colombia en los 80 y 90 a menos que el gobierno recoja aquella experiencia y entienda que está en juego el futuro mexicano.

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