Opinión

Paren de legislar

Antes de que nuestros legisladores cedan al canto de las sirenas y le den al gobierno un nuevo paquete de leyes que supuestamente hará imposible una nueva noche de Iguala, conviene detenerse en lo que ha ocurrido con otra ley, aprobada en este sexenio y también relativa a la seguridad.

Con astucia política, en las primeras horas de su gobierno Enrique Peña Nieto le dio la vuelta al veto que Felipe Calderón tenía sobre la Ley General de Víctimas. Al promulgar la ley que su antecesor había objetado, el nuevo presidente se granjeó la simpatía de duros activistas de los derechos humanos, y aplausos en la opinión pública. Ya luego hubo que reformar, corregir pues, toda esa legislación al punto de que según especialistas en el tema de los 189 artículos originales, 180 fueron retocados y nueve derogados. Pero el inicial golpe de efecto de Peña Nieto ya había dado resultados.

Sin embargo, una cosa es promulgar leyes y otra muy distinta que las mismas resistan la prueba de la realidad. Porque –a manera de ejemplo– si la Ley General de Víctimas se aplicara a la letra, sucede que de acuerdo con el artículo 167 en cada Ministerio Público y en cada juzgado del orden federal tendría que haber un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esto se traduce en que debería haber, según me dijeron ayer en la CEAV, unos 900 abogados especializados en víctimas para todos los juzgados y MP federales. ¿Cuántos hay hoy? 60. Sí, ni el diez por ciento.

Alguien podría argumentar que la CEAV es muy joven y que poco a poco se puede reunir al personal necesario. Podríamos estar medianamente de acuerdo con lo anterior. De hecho, en la CEAV consideran que 180 abogados, es decir el triple del personal actual para esos fines, representan el piso mínimo para atender a las víctimas. La duda que surge es: ¿y de dónde van a salir esas plazas si el presupuesto de la CEAV para 2015 es el mismo que el de este año, más el ajuste inflacionario?

Y estamos hablando de la Comisión que atiende sólo a víctimas de delitos del fuero federal. A lo anterior sumemos que cada estado debe hacer su “mini” CEAV y contratar comisionados y abogados para atención a las víctimas, etcétera. ¿Los estados tienen el suficiente dinero para eso? La respuesta es obvia.

Un dato más: el nuevo sistema de justicia, cuya implementación avanza, implica necesariamente el abogado de la víctima. “En realidad no habría presupuesto que alcanzara, tanto las entidades federativas como nosotros tenemos que ser creativos y buscar soluciones para cumplir de la mejor manera posible con la atención a las víctimas”, me dijeron en la CEAV ayer al consultarlos al respecto. Cierto, pero entonces para qué hacemos leyes que en los hechos será imposible aplicar.

Lo peor es que hay cosas de las flamantes leyes que no implican dinero y tampoco se cumplen. La CEAV opera hoy con sólo cinco comisionados porque dos ya terminaron su periodo. Aunque la Secretaría de Gobernación tiene desde el pasado 16 de septiembre la lista de candidatos y candidatas para armar las ternas que el Ejecutivo debe presentar al Senado para esas vacantes, no hay para cuándo.

Así que antes de que los priistas nos salgan con el argumento de que hay que apoyar al presidente dándole las nuevas leyes que solicita para este grave momento, pidamos que haya más debate, más reflexión y, sobre todo, un puntual cumplimiento de las leyes vigentes. Paren de legislar, por favor.

Twitter: @SalCamarena