Opinión

Para comprender la censura electoral

 
1
 

 

Sesión Especial del Consejo General del INE

El fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI suspender un promocional donde critica la gestión del gobernador panista de Sonora, así como las fiestas organizadas por diputados del PAN en Puerto Vallarta. En el spot se mencionan los “moches” que presuntamente cobraba Luis Alberto Villarreal, excoordinador parlamentario de ese partido. Los consejeros argumentaron que se estaba imputando un delito a un panista y de paso generalizando en el caso de otros, cuando debía caber la presunción de inocencia.

Días antes el INE había retirado del aire otro promocional en el cual el PAN cuestionaba los relojes millonarios del presidente del PRI, así como las propiedades de priistas en el extranjero, en alusión a los departamentos en Estados Unidos que presuntamente tiene el exgobernador de Oaxaca, José Murat (según reportaje del The New York Times). Aunque no se acusaba de corruptos a ambos personajes, después de mostrar los relojes y las propiedades inmobiliarias, una voz en off decía: “Di no a la corrupción”, haciendo una imputación indirecta de delitos.

Hace 48 horas el PRI pidió retirar otro spot que critica la comitiva de 200 personas que acompañó al presidente de la República en su reciente visita a Londres. En este caso el INE negó medidas cautelares porque
–según la consejera Adriana Favela– en el promocional se hace una crítica más no una calumnia y además no hay ninguna referencia al PRI. Se sabe que el consejero jurídico de la Presidencia de la República habría impugnado el promocional.

Estamos viendo un juego que se repite desde 2006. Los partidos lanzan un spot de ataque que es retirado por la autoridad electoral sólo para reaparecer bajo diferente formato pero mismo propósito. Quienes atacan se ofenden cuando son atacados y piden que el adversario retire su “campaña de lodo”. Nada nuevo bajo el sol, salvo que la ingenua pretensión de regular los “malos modales” de las campañas satura al INE de quejas de los partidos, sus consejeros se convierten en analistas de contenidos y sicólogos sociales y ello no mejora el contenido ni la calidad de las campañas.

La reforma electoral de 2007 prohibió las campañas negativas en dos dimensiones: la denigración y la calumnia. Denigrar significa “desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama”. Calumniar significa “imputar falsamente un delito”.

La prohibición surge de 2006 cuando la coalición que postuló a López Obrador (PRD, PT y Convergencia) consideró que la campaña en su contra difundida por el PAN: “López Obrador es un peligro para México”, había generado odio y era una de las razones de la derrota de su candidato. En la reforma electoral de 2014 se mantuvo la prohibición de la calumnia pero se eliminó la restricción de la denigración.

Eso significa que el PAN podría acusar hoy al PRI de ser “un peligro para México” pero no puede acusar a los priistas de corruptos porque es imputar un delito (salvo que haya sentencia condenatoria de un juez). Qué bueno que se proteja el principio de presunción de inocencia, pero en un país donde el sistema de procuración es tan frágil y la impunidad tan alta, muchos corruptos jamás son procesados ni sentenciados y se priva a los votantes de conocer información relevante.

Luis Alberto Villarreal argumenta que el spot del PRI lo calumnia cuando lo acusa de cobrar “moches” porque la PGR ya lo exoneró. Sin embargo, cabe preguntar la profundidad y calidad de la investigación; también si hubo carpetazo en aras de una negociación política con el gobierno. Lo mismo ocurre con el caso Murat.

Además de los líos jurídicos, existe una enorme hipocresía respecto a las campañas negativas. López Obrador se quejó en 2006 del denuesto en su contra, pero lleva dos décadas haciéndolo con quienes considera miembros de la mafia del poder. El PAN despliega campañas de ataque en contra de la presunta corrupción del PRI, pero pide retirar spots cuando acusan a sus miembros. Algunos periodistas critican a los partidos, pero se quejan de que los cuestionen públicamente.

Quienes pugnan porque sólo haya campañas propositivas deben considerar que hay más mentiras en éstas que en las campañas negativas. Quien promete mundos ideales sólo sueña o inventa y no hay referentes para refutarlo. Quien ataca o calumnia, debe probar al final del camino (aunque ciertamente en el intento daña la honra de terceros). Pero aquí cabe preguntar: ¿qué debe pesar más: la honra de un político o el interés público de conocer hechos o incluso meras acusaciones?

Frente a los excesos de las campañas negras, como les llaman algunos, debe decirse que la gente tiene juicio y sentido común. Debemos abandonar el enfoque de la democracia infante, llena de “niños” a quienes hay que enseñar qué oír y qué pensar. Al margen de su nivel socioeconómico y su formación escolar, la gente tiene sentido común y puede procesar información falsa y darle su justa dimensión. Tutelar la libertad de expresión y de acceso a la información implica, desafortunadamente, correr el riesgo del daño que generan campañas sin restricciones.

¿Significa eso que la calumnia es bienvenida? No. La calumnia es perniciosa y debe combatirse; pero creo que debe hacerse por la vía civil, no la electoral.

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
Democracia burguesa
'Spots' multimillonarios
Una buena noticia para romper la impunidad