Opinión

Paquete económico 2016: más deuda y más de lo mismo

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Paquete 2016

Cuando el 30 de enero de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el primer recorte al gasto público federal por 124.3 mil millones de pesos (mmdp), también se nos dijo que derivado de que se esperaba que los precios del petróleo continuarán bajos y ante la inminencia en el alza de las tasas de interés: “se ha iniciado desde ahora una revisión a la estructura del gasto público de tal forma que permita una reingeniería al interior de la Administración Pública Federal para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016”.

Después de este anuncio, comenzamos a escuchar diversos comentarios respecto de las ventajas de que por primera vez se realizaría un Presupuesto de Egresos de la Federación base cero, lo que significaba que todos los rubros de gasto estaban a revisión, cada peso gastado sería evaluado desde una óptica costo-beneficio, y que entonces el gobierno federal sería mucho más eficiente gastando el dinero de los mexicanos privilegiando el gasto de inversión y no el corriente.

Después de la presentación del Paquete Económico 2016, el 8 de septiembre pasado, vemos que lo que se nos dijo respecto a un presupuesto base cero fue un simple “slogan mediático”, tal como lo señaló Francisco Búrquez, vicecoordinador de política económica del PAN.

Y es que si analizamos que el Presupuesto de Egresos sólo contempla una reducción de 1.0 por ciento, que habrá 535 mil millones de pesos adicionales de deuda pública interna y otros seis mil millones de dólares de deuda externa, que los incentivos fiscales a las empresas son limitados y efímeros, que la mayor parte del incremento contemplado de la recaudación fiscal recaerá en los mismos contribuyentes cautivos de siempre, y que se anticipa un mucho mayor gasto por servicio de la deuda pública, pues no se aprecia realmente nada distinto a lo contemplado por el Paquete Económico 2015.

Respecto a la deuda pública, ya hay analistas, como los del Grupo Financiero Banamex, que han manifestado su preocupación dado que ésta ascenderá a 47.8 por ciento en 2016. Si tomamos en consideración que el PIB nominal en el segundo trimestre de este año fue de 17.9 billones de pesos, y asumimos un crecimiento nominal (con inflación) del PIB de 5.0 por ciento para el año entrante, pues entonces el PIB nominal de México llegará a 18.8 billones de pesos, por lo que la deuda pública sumará casi nueve billones de pesos. Esta es una cifra tan grande que se dificulta comprender, por lo que si asumimos una población de 126 millones de habitantes, entonces la deuda pública de nuestro país es de 71 mil 300 pesos por persona.

Ante estos datos, el que nos digan que la deuda que se va a contratar en 2016 representa una disminución real del endeudamiento interno de 12.8 por ciento respecto a lo aprobado en 2015 es una tomada de pelo al querer presentar como algo bueno algo que es nocivo para el país. Y es que ante la inminente alza en las tasas de interés en Estados Unidos y en México, si la deuda pública es de nueve billones de pesos, pues por cada punto porcentual en que suba la tasa de interés el costo financiero de la deuda crecerá en 90 mil millones de pesos. De hecho para el Presupuesto de Egresos 2016 se contempla un costo financiero de la deuda pública de unos 370 mil millones de pesos, una cantidad tres veces mayor que la destinada a la Secretaría de Desarrollo Social, responsable de generar programas para sacar de la pobreza a los millones de mexicanos que ahí se encuentran.

Lamentablemente vemos pues que en los tres años que va la actual administración federal no se ha alcanzado el equilibrio presupuestal, lo cual ha sido irresponsable porque se endeuda a las futuras generaciones y porque se ha aumentado la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante los movimientos de tasas de interés.

Ahora, en materia de impuestos, se debe reconocer que en la iniciativa presidencial se estima que los ingresos tributarios alcancen un monto de 2.4 billones de pesos, lo que representa 19 por ciento más en términos reales respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2015. Cabe señalar que este incremento es explicado esencialmente por las tasas de crecimiento en la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en especial en el que se cobra a las gasolinas, ya que se contempla que por este concepto los ingresos del gobierno federal aumenten en 120 por ciento.

Respecto a esto último se debe precisar que el gobierno federal pretende cobrar un impuesto fijo a la gasolina y de manera simultánea permitir que su precio fluctúe de acuerdo con los movimientos internacionales, por lo que no obstante que el gobierno considera que aumentará su recaudación por IEPS a la gasolina, es posible que en 2016 los combustibles bajen de precio en beneficio de los consumidores mexicanos gracias a la liberalización anticipada de este mercado.

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) tenemos que el gobierno federal pretende recaudar por este concepto 1.251 billones de pesos, cantidad superior en 15 por ciento real respecto a 2015, año en el que ascendió a 1.056 billones de pesos. Esto por un lado está bien, pero lo que no es correcto es que la recaudación por este impuesto recae esencialmente en los mismos de siempre. Si bien es cierto que se contemplan algunas medidas para fomentar la formalidad de las personas, como lo son los sorteos fiscales, la ampliación del universo de personas que podrán tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como la facilitación de créditos para Pymes simplificando la información fiscal del contribuyente, a ojos de muchos estas medidas se aprecian débiles en el sentido de que no son suficientes para motivar a que la gente se vuelva formal.

Mientras subsistan los elementos que causan miedo a los contribuyentes como la contabilidad electrónica y el buzón tributario, y mientras no se realice una simplificación administrativa en materia fiscal, difícilmente veremos más informales formalizarse. De igual manera, mientras no se genere una percepción de riesgo para quien evade impuestos pues será siempre mayor el incentivo a ahorrase los impuestos (32 por ciento de ISR y 16 por ciento de IVA) que a salir beneficiado de un sorteo fiscal. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos alguna nota en el sentido de que “x” empresario fue detenido y encarcelado por evasión fiscal?

Y aunado a lo anterior, mientras haya comerciantes pidiéndole a los fabricantes que “se tiren al suelo” con los precios, pues más complicado se vuelve para el empresario honesto cumplir al 100 por ciento sus obligaciones fiscales y, por el contrario, se le incentiva a irse moviendo poco a poco a la informalidad. Esto es muy importante y para ilustrarlo veamos un ejemplo: una empresa que lleva al 100 por ciento sus obligaciones fiscales y laborales vende un producto en 200 pesos, mientras que su competencia es una empresa que paga el mínimo de impuestos (porque compra facturas) y sólo tiene asegurados a 10 por ciento de sus trabajadores, lo que le permite vender su producto en 160 pesos. ¿A quién le va a comprar el distribuidor? Lógicamente al que no cumple al 100 por ciento y esta es la razón por la cual se requiere que la autoridad fiscal combata frontalmente la evasión fiscal, y no se conforme con cobrarle más impuestos a los mismos de siempre.

Un aspecto de fundamental importancia es el de los incentivos fiscales que se dan para el ahorro y la inversión. Entre ellas destacan: el regreso del esquema de deducción inmediata de inversiones para empresas con ventas de hasta 50 millones de pesos, permitir la repatriación de capitales y flexibilizar el pago de impuestos en inversiones financieras. Esto está muy bien, aunque de acuerdo con analistas y líderes empresariales se quedó corto; sin embargo, aquí algo fundamental que se debe señalar es que estos incentivos fiscales quedaron plasmados en artículos transitorios y no en el cuerpo de las leyes fiscales. Es decir, tienen plazo de caducidad y no forman parte del marco fiscal de mediano plazo para las empresas.

Así pues, es necesario atender los llamados de los líderes empresariales en el sentido de disminuir la tasa de ISR de 32 a 30 por ciento, y que además se eliminen los topes a la deducción de personas físicas para promover el ahorro doméstico pero desde la Ley del ISR. De igual manera, sería conveniente que se permita la deducibilidad inmediata de las inversiones que realizan las grandes empresas y no sólo la de las Mipymes.

Finalmente, en relación a los pronósticos macroeconómicos planteados por el gobierno federal, y en función de todo lo anteriormente señalado en un contexto de alta volatilidad económica y financiera internacional, consideramos que éstos son bastante optimistas como lo han sido cuando se anunciaron los Criterios Generales de Política Económica de 2014 y 2015. Así pues, los pronósticos de GAEAP para 2016 son los siguientes: crecimiento del PIB de 2.3 por ciento, tipo de cambio en diciembre: 16.80, Cetes a plazo de 28 días (diciembre): 4.0 por ciento e Inflación: 3.0 por ciento.

Lamentablemente no podemos esperar un desempeño económico de nuestro país diferente a de los últimos dos años si esencialmente en materia de política fiscal no se esperan grandes cambios. Es por ello que ahora le toca a los legisladores federales escuchar a la iniciativa privada para que se incorporen aquellos elementos que preserven la estabilidad fiscal, pero que al mismo tiempo den los incentivos para crecer la producción y el empleo en beneficio del mercado interno.

El auator es director general GAEAP.

www.gaeap.com

Correo: alejandro@gaeap.com

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