Opinión

Panorama sombrío

    
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Masaryk

Los hechos de la semana pasada, y los posicionamientos del gobierno, reflejan tanto capacidades como enormes deficiencias en materia de seguridad. El martes fue detenido Dámaso López Núñez, El Licenciado. Esta captura es una buena noticia. Dámaso López no necesariamente había asumido el liderazgo del Cártel de Sinaloa (tal vez sería más atinado afirmar que estaba confrontando a dicho liderazgo, como en su momento hicieron los hermanos Beltrán Leyva). Sin embargo, su captura es importante porque, desde que El Chapo salió de circulación el año pasado, la facción liderada por López Núñez, conocida como Los Dámasos, ha sido uno de los principales generadores de violencia en el país. En Baja California Sur, una de las entidades en las que Los Dámasos intentaron desplazar a las otras facciones del Cártel de Sinaloa, las ejecuciones se multiplicaron en un año (al pasar de 22 en el primer trimestre de 2016, a 137 en el primer trimestre de 2017).

Probablemente la captura se logró con algún apoyo de inteligencia norteamericana. Sin embargo, al final del día lo importante es que el gobierno demostró que detonar un conflicto violento para lograr el control del negocio criminal en nuevos territorios (como intentó Dámaso López, en la península de Baja California, en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación) es una buena forma de llamar la atención y ser capturado en el corto plazo.

Un día después, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la captura de El Licenciado fue la nota positiva dentro del mensaje del presidente Peña Nieto. Por lo demás, el panorama es sombrío. De forma tímida el presidente reconoció que en 2017 “los índices de criminalidad en diferentes entidades regresaron a escenarios del pasado”. En realidad, el deterioro de la seguridad lleva ya bastante tiempo, y en los últimos meses ha alcanzado un ritmo alarmante. En el caso de los homicidios dolosos –el indicador delictivo de coyuntura más relevante y más confiable– la tendencia al alza inició desde fines de 2014.

En su discurso ante la Conago, el presidente destacó la necesidad de que cada autoridad asuma “esfuerzos propios mucho más decididos… que vayan más allá de mantener inercias en el manejo de las instituciones de seguridad”. Asimismo, el presidente recalcó que el apoyo de la federación a las entidades es 'temporal' y 'subsidiario'. Ojalá en las reuniones privadas que tuvieron lugar en el marco de la Conago, el Ejecutivo federal haya ido más allá del mero exhorto. A estas alturas queda claro que, con las actuales reglas del juego, para los gobernadores lo racional es nadar de muertito.

No faltó en el discurso del presidente el espaldarazo de rigor a las Fuerzas Armadas, y la insistencia en la necesidad de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior. Por otra parte, es elocuente la mención de la iniciativa de Mando Único (que Peña Nieto mandó a fines de 2014, la cual supone la desaparición de las policías municipales y su sustitución por policías estatales únicas). Hasta hace algunas semanas el Mando Único parecía estar enterrado, y que en su lugar sería aprobada la iniciativa, más moderada, de Mando Mixto. Sin embargo, el propio presidente, el secretario de Gobernación y el líder del PRI en la Cámara de Diputados han manifestado recientemente su intención de retomar el Mando Único. La fusión de las corporaciones municipales del país en 32 cuerpos estatales parece una solución atractiva, que ciertamente nos ahorraría la tarea de pensar cómo y dónde mantener y profesionalizar policías municipales. Sin embargo, esta propuesta ya se ha estrellado antes contra la resistencia de los alcaldes y sus aliados, quienes han logrado paralizarla varias veces.

La semana pasada concluyó con un incidente trágico asociado con el robo de hidrocarburos (una actividad criminal en pleno auge, a la que le dediqué un texto en este espacio hace algunas semanas). En cierto sentido, los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, Puebla, parecen una repetición más del patrón que ya hemos visto varias veces: una agresión criminal en la que mueren soldados y una respuesta desproporcionada de las fuerzas castrenses. El saldo fue de cuatro militares muertos y el 'abatimiento' de seis civiles, así como reportes de desapariciones.

Sin embargo, las refriegas de la semana pasada entre militares y huachicoleros son diferentes a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y criminales, que hemos observado varias veces en Jalisco, en Michoacán o en Tamaulipas. En Puebla los militares no hacen frente a grupos criminales que viven en la clandestinidad, sino a poblaciones que, por un lado, cobijan una actividad ilegal, pero que por otra parte tienen una organización social y una vida comunitaria similar a la de cualquier comunidad rural del país. El presidente ya dijo que la muerte de los cuatro soldados no quedará impune. Los pobladores de Palmarito también exigen justicia para sus muertos y sus desaparecidos. El problema de fondo es un millonario negocio criminal, que no sólo involucra 'chupaductos', sino también a enormes redes de distribuidores y compradores, que operan de forma bastante descarada al amparo de autoridades corruptas.

Twitter: @laloguerrero

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