Opinión

Pagamos ya 11 mil 532 millones de dólares por el retraso

Ayer se cumplió un año de la entrada en vigor de la reforma constitucional en telecomunicaciones.

¿Cuánto nos ha costado a los mexicanos el retraso de la legislación secundaria de esa reforma?

De acuerdo al análisis que la OCDE presentó en enero de 2012, el costo de la falta de competencia en telecomunicaciones asciende a 1.8 por ciento del PIB por año.

Haga cuentas entonces. De acuerdo a las estimaciones del FMI, el PIB de 2013 medido en dólares corrientes, es de un billón 258 mil millones.

Así que el porcentaje aludido equivale a 22 mil 644 millones por año.

Para dimensionar lo que nos ha costado el retraso tome en cuenta lo siguiente. En la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013, se fijaba un plazo de 180 días para que se emitiera una nueva ley, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional.

Ese plazo venció el 9 de diciembre.

Al día de hoy, el retraso respecto a los tiempos fijados en la Constitución es ya de 186 días.

Si le damos una dimensión más asequible al estimado de la OCDE, el costo que pagamos los mexicanos por la falta de competencia en las telecomunicaciones es de 62 millones de dólares diarios.

Hagamos otra conversión. De acuerdo con las estimaciones más recientes del Inegi, somos 119.2 millones de personas en México.

Esto quiere decir que el retraso de gobierno y legisladores respecto a lo que les mandataba la Constitución ha costado a cada mexicano 97 dólares en promedio, algo así como 1 mil 260 pesos.

O, si lo quiere ver usted de otra manera, cada día que pasemos sin Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión le costará a usted, a su hijo de meses, a su esposa, a su abuelita, 6.77 pesos por cabeza.

En realidad, puede que el costo sea mayor.

El incumplimiento de los tiempos marcados en la Constitución ya ha generado una sensación de incertidumbre entre potenciales inversionistas.

Si el gobierno y el Congreso no son capaces de cumplir los tiempos que ellos mismos se fijaron, entonces, ¿cómo se puede creer que puedan cumplir las reglas que van a establecer en la ley? Es una crítica que se empieza a escuchar con más frecuencia.

Incluso, ya el regulador en la materia, el IFT, se ha visto obligado a modificar los tiempos de la primera fase de la licitación de las dos nuevas cadenas públicas de la televisión abierta.

La tardanza en la realización de esas y otras inversiones, tendrá también otros costos para los mexicanos.

Sin embargo, hay quien sigue sin tener sensación de urgencia y con la pretensión de hacer un paréntesis para ver el Mundial, antes de aterrizar esos cambios que debieron quedar hace seis meses.

Y entonces, ¿a dónde se están yendo esos 62 millones de dólares al día que nos cuesta al conjunto de los mexicanos la prevalencia de la falta de competencia?

Adivinó.

Y luego hay quién todavía pregunta por qué se presume que es el grupo de Carlos Slim quien ha operado a través del PRD para retrasar esta legislación.

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