Opinión

Pactos de ingenuidad

 
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Rogelio Ortega

“Lo diferimos, no va a ser hoy, lo diferimos para el martes”, dijo Rogelio Ortega, gobernador sustituto de Guerrero, cuando algunos partidos políticos lo dejaron “plantado” el viernes pasado para firmar un pacto de civilidad de cara a la tensa situación que vive la entidad en relación a las elecciones del mes de junio.

Ese mismo día, pero en la ciudad de México, el PRD y el PRI firmaron un pacto de civilidad para las elecciones locales, frente al secretario de Gobierno del Distrito Federal y mano derecha del jefe de Gobierno, así como consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). El PAN, Morena y Movimiento Ciudadano se abstuvieron por desconfianza. El presidente del PAN en la capital dijo que hay cinismo porque el gobierno de la ciudad y las delegaciones están destinando decenas de millones de pesos para despensas con el fin de comprar el voto.

Apenas 24 horas después de la firma de ese pacto, la delegación Cuauhtémoc, gobernada por el PRD, partido que sí firmó, distribuyó 11 mil despensas a habitantes de esa demarcación a cambio de la copia de su credencial de elector, según reportó el diario Reforma. Ya habían repartido otras miles en dos ocasiones anteriores. El mismo viernes, la delegación Coyoacán, también gobernada por el PRD, entregó 13 mil monederos con cuatro mil pesos cada uno para adquirir despensas en tiendas de autoservicio, a pesar de que durante la firma del día anterior el secretario de Gobierno del DF había solicitado suspender los programas sociales innecesarios.

Intentos para firmar pactos ha habido en otras entidades. En Sonora, por ejemplo, con una elección de gobernador muy competida y conflictiva, el Instituto Electoral local convocó en febrero pasado a firmar un pacto de civilidad sin lograrlo. Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana, dijo que el pacto era importante porque “cualquiera de los punteros va a llegar y llegará acusado, sin bono democrático, desprestigiado, con el mote de corrupto”. En Baja California Sur, en cambio, sí se firmó un pacto la semana pasada entre los partidos políticos (también hay elección de gobernador).

En Campeche, donde se espera una amplia victoria del PRI en la elección de gobernador, se firmó un pacto en marzo pese al rechazo del PAN, Nueva Alianza y Morena. En San Luis Potosí, con una elección competida, sí se firmó un pacto la semana pasada, con el apoyo de todos los candidatos a gobernador.

¿Sirven de algo los pactos de legalidad y civilidad? Muy poco e incluso podría argumentarse que son un mal símbolo en un país donde los candidatos están acostumbrados a acatar los resultados a conveniencia. En lugar de pactos, lo que debe haber es aplicación de la ley, a secas, sin adjetivos. Tiene razón Martí Batres, presidente de Morena, cuando dice que “la autoridad es la que debe hacer cumplir la ley; es innecesario y absurdo que se comprometan a cumplirla”. El problema es que el líder “moral” de ese partido ha sido un campeón al desconocer resultados y reglas aun cuando juega con ellas para su beneficio. En 2006, por ejemplo, se firmó un Pacto por la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad, para ser desconocido la misma noche de la elección. En 2012 el IFE también fue anfitrión de otro pacto pero nuevamente el resultado de la elección fue desconocido por López Obrador. Los pactos, bonitos para la foto, resultan irrelevantes al final del día.

En 2015 será la misma historia. La noche del domingo 7 de junio algunos candidatos –notoriamente en el caso de las elecciones competidas de gobernador– aceptarán resultados a conveniencia y quizá algunos ya anuncien que solicitarán la anulación de los comicios, acusando rebase de topes de gastos o uso de dinero de procedencia ilícita. Esa noche o la mañana siguiente, los presidentes de los partidos, así como el líder moral de Morena, darán su interpretación de lo ocurrido. Algunos de ellos no harán una lectura con base en la legalidad o transparencia del proceso, sino con base en un cálculo estratégico de lo ocurrido. Si les fue bien en la feria, dirán que ganaron y reconocerán la “legitimidad” del proceso; si les fue mal, dirán que las reglas los perjudicaron, algunos culparán a los árbitros y a los gobiernos respectivos, notoriamente al federal y su presidente.

El PRI, favorito para ganar la mayoría de votos para renovar la Cámara de Diputados, aunque pueda perder varias gubernaturas, será el más cauto y moderado como lo han sido siempre los partidos en el gobierno. Y la reacción de Morena dependerá del ánimo y cálculo de su jefe “moral”. Si gana más de 8.0 o 9.0 por ciento de la votación nacional, así como algunas delegaciones del DF, dirá que lo lograron a pesar de los intentos de sus adversarios. Si no le va bien, es decir, si sólo alcanza 5.0 o 6.0 por ciento y no gana ninguna delegación, es probable que haga una descalificación total del proceso y de sus principales adversarios: el PRD y el presidente Peña Nieto, todo en el marco del discurso de la “mafia del poder”.

Para que haya un final “feliz”, lo que más convendría es que hubiese una distribución plural de ganadores en los diversos cargos en disputa y regiones del país. Pero eso sólo le corresponde decidirlo a los electores. Ojalá algún día el acatamiento de los resultados dependa del cumplimiento de los procedimientos y las reglas por parte de los contendientes, no de cómo les fue en la feria.

Twitter: @LCUgalde

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