Opinión

Pacto a la n

Tlatlaya e Iguala han puesto en el primer plano del debate el desquebrajamiento de las instituciones de seguridad y justicia. Se ha recrudecido la evidencia de que instituciones del Estado (municipios, policías, procuradurías estatales, procesos electorales) están capturadas por el crimen organizado; sin embargo, lo que sucede no es nuevo, ni es exclusivo de dos estados: Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, son algunas entidades donde el crimen amenaza la viabilidad de las instituciones.

Los partidos políticos, el Ejecutivo federal y los gobernadores aparecen rebasados por la situación. La descomposición parece ser generalizada. La sociedad civil exige un cambio de fondo en materia de seguridad, justicia, corrupción y rendición de cuentas.

El llamado a un “Pacto por la Seguridad” no puede venir del Ejecutivo, ni de los partidos políticos. Equivale a no aquilatar la oportunidad histórica de buscar soluciones diferentes a los problemas de México. Si bien la seguridad está en el centro de las fallas del Estado, ésta viene acompañada de la absoluta impunidad, la falta de justicia y el aceite de la corrupción en éste y otros ámbitos. El problema y la solución son mucho más amplios que la inseguridad y la violencia.

En el primer tercio del sexenio el Pacto por México dio resultados importantes en materia legislativa, pero no en términos de seguridad y Estado de derecho. Septiembre y octubre han puesto de manifiesto que estos temas fueron “olvidados” por el Ejecutivo federal, el Congreso y los partidos, y relegados a un segundo plano.

El país requiere de un pacto ampliado a la n, donde los políticos no sean los actores principales; un pacto donde los protagonistas sean los ciudadanos y que la sociedad civil conduzca el debate y la búsqueda de medidas a adoptar. Un pacto que nazca con la legitimidad de la sociedad y en la que el Estado acepte a acomodarse.

La democratización de México en los últimos lustros ha incrementado el capital social (ONGs, academia, líderes de opinión, intelectuales) del país; lo cual permitiría que sociedad y gobierno, juntos, definan la nueva ruta a seguir en materia de Estado de derecho. ¿Cómo comenzar con este nuevo diálogo? ¿Cómo encausar la indignación, coraje y dolor para transformar, de una vez por todas, las raíces de la cultura de la ilegalidad?