Opinión

Corrupción, otro obstáculo para el desarrollo de México

 
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ME: Shannon K. O’Neil: Enfrentando la corrupción en México.

La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de cualquier nación, ya que cuando ésta existe se desvían recursos de actividades productivas, tanto del sector público como de la iniciativa privada, hacía otras que no contribuyen a la creación de empleos e infraestructura. A un costo elevadísimo, en México se ha venido creando mayor consciencia respecto a este flagelo; los empresarios y población en general estamos hartos de tener que lidiar con esto prácticamente todos los días. Pero se generó la debida presión en la clase política y la semana pasada el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Este nuevo Sistema cuenta con cinco puntos fundamentales: 1. Crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción; 2. Fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; además, amplía de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal; 3. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá sancionar a servidos públicos y ahora también a particulares; 4. El Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública; y 5. La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Otros aspectos importantes que contempla esta reforma es que los servidos públicos deberán presentar obligatoriamente su declaración patrimonial y de conflicto de interés; y en caso de enriquecimiento ilícito, se procederá a la extinción de dominio.

Ante lo extendido de la corrupción en México, no es necesario hacer hincapié en la trascendencia de esta reforma, la cual esperamos que siente las bases para un desempeño más honrado por parte de los políticos y burócratas en México, y que además se constituya como un impulsor importante para el crecimiento económico de México al liberar recursos de las empresas y del gobierno hacía actividades productivas e inversión en infraestructura.

Esto último cobra relevancia a la luz de las cifras respecto a los costos de la corrupción en México, las cuales fueron hechas públicas el pasado 21 de mayo de este año. María Amparo Casar, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), informó ese día que de acuerdo al Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción le costó al país sólo en 2014 unos 341 mil millones de pesos (mmdp).

Si tomamos en consideración que en 2014 el PIB nominal de México fue de 17.161 billones de pesos, pues entonces el costo de la corrupción en México en un solo año representó 2.0 por ciento del PIB, cifra elevada al considerar que este monto equivale a 15 por ciento de la inversión pública en México.

El impacto de la corrupción no es un tema menor, ya que de acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los países con mayor corrupción el porcentaje de inversión puede ser menor hasta en 5.0 por ciento, además de que las empresas registran pérdidas en sus ingresos por ventas anuales en la misma proporción, y la productividad de éstas también se ve afectada cada vez que se incrementa la percepción de corrupción entre empresarios.

Los datos del Imco no son los únicos que dan cuenta de los costos de la corrupción en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 14 por ciento de los ingresos anuales promedio son dedicados por los hogares mexicanos a “pagos extraoficiales”; y de acuerdo a este organismo gubernamental, la corrupción es todavía peor para los más pobres, además de que existe una correlación entre la corrupción y los niveles de violencia.

Aunado a todo lo ya mencionado, es importante señalar que la corrupción también tiene un costo para el país en materia de su imagen internacional, lo cual inhibe la recepción de inversión extranjera directa. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones en el ranking mundial. Concretamente en el continente americano, nuestro país se posiciona en el lugar 22 de 32 países; en tanto que en el G-20 ocupó la posición 17 de 19 naciones; y se ubica en el último lugar dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

¿Y cómo actuamos y sentimos los mexicanos respecto a la corrupción? De acuerdo con datos del Barómetro Global de la Corrupción 2013 elaborado por Transparencia Internacional, 88 por ciento de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población en México considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

Obviamente, dados estos indicadores y el hartazgo generalizado de la población, el tema de la corrupción ha logrado posicionarse fuertemente en la agenda nacional, pues entre 1996 y 2014 la atención de los medios ha sido mucho mayor, lo cual se ve reflejado en el hecho de que el número de notas al respecto creció más de cinco mil por ciento al pasar de 502 a 29 mil 505.

Igualmente preocupante es que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del Inegi, en nuestro país 40 por ciento de las empresas reconoció haber pagado algún tipo de soborno; y los encuestados respondieron que 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hicieron como empresas se destinaron a agilizar trámites, obtener licencias y permisos.

¿Y por qué cada vez hay más corrupción? La respuesta es simple: por la impunidad existente. De acuerdo al estudio de las dos organizaciones arriba mencionadas, sólo 2.0 por ciento de los delitos de corrupción son castigados en México, y en todas las ocasiones cuando hubo sanciones éstas fueron para los mandos inferiores de gobierno. Otro dato revelador es que de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 1998 hasta 2012, sólo siete fueron consignadas, lo que representa apenas 1.5 por ciento.

Ante este cúmulo de datos que han elaborado dependencias del gobierno y organizaciones no gubernamentales (ONG), uno podría simplemente deprimirse y aumentar la molestia contra muchos políticos y burócratas en México. Sin embargo, considero que hay que darle el beneficio de la duda a la reforma constitucional recientemente promulgada, lo que nos compromete como ciudadanos a darle un seguimiento puntual a los cambios legales de manera que éstos sirvan para que haya mayor transparencia, mayor control, y sanciones ejemplares a todo aquel que sea descubierto realizando actos de corrupción.

México no puede darse el lujo de seguir con este lastre, si queremos crecer a tasas más elevadas y ser más productivos debemos transformarnos y eliminar el impacto que causa la corrupción en las empresas y en los presupuestos de todos los órdenes de gobierno.

Director General GAEAP.

Mail: alejandro@gaeap.com y www.gaeap.com

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