Opinión

Oceanografía: la imposición presidencial

Mario Ávila, un administrador de empresas y distribuidor de automóviles en Campeche, tuvo la fortuna de haber sido amigo de la familia Mouriño, cuya figura más pública, Juan Camilo, lo metió al servicio público y a la política. Tras su muerte en una accidente, su padre y su hermano siguieron impulsándolo con el presidente Felipe Calderón, que al respaldarlos entró al escándalo de Oceanografía y a sus contratos millonarios con Pemex, al ser el responsable directo de haber puesto a Ávila a manejar discrecionalmente parte de los tesoros de la paraestatal.

Este episodio inicia en 2009, cuando a los pocos días de asumir la dirección de Pemex en septiembre, Juan José Suárez Coppel recibió la visita de Patricia Flores, jefa de Oficina de la Presidencia de Felipe Calderón, que tenía como único propósito trasmitirle la petición del presidente para que nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección de gobernador en Campeche, en la Subdirección de Operaciones Marítimas de Pemex Exploración y Producción. Suárez Coppel, dijeron personas que conocen de esa reunión, le respondió que haría una contrapropuesta. Flores, no muy a gusto, aceptó.

Cuando volvió Flores a la Torre de Pemex, Suárez Coppel le propuso nombrarlo en una subdirección menos sustantiva. Por la subdirección pedida por Calderón pasan los contratos más importantes en volumen y dinero de Pemex, y donde siempre se había designado a un ingeniero que conociera a fondo el negocio petrolero, y nunca nadie inexperto como Ávila. Flores, sin estar del todo a gusto, llevó la contrapropuesta a Los Pinos, y regresó con la respuesta: no, tiene que ser Ávila.

La Subdirección de Operaciones Marítimas de PEP está considerada dentro de Pemex como la más delicada y sensible. Es totalmente operativa y se encarga de impedir que las tareas diarias de exploración y producción petrolera se detengan. Para que eso suceda, contratos hasta por 100 millones de dólares –aproximadamente mil 300 millones de pesos– pueden ser firmados por el subdirector e inclusive por un gerente de esa área. Contratos hasta por 200 millones de dólares van al comité de adquisiciones de PEP. Y cuando son superiores en monto o rebasan la vigencia de un año, los revisa el comité de adquisiciones de Pemex. Es decir, todo aquellos menores a 100 millones de dólares, pasan desapercibidos en la estructura de Pemex en México.

Suárez Coppel, que había sido previamente director de Finanzas de Pemex, entendía lo delicado del cargo. Le dijo a Flores que acataría la orden de Calderón, pero la aplazó. De acuerdo con grabaciones de los consejos de administración de Pemex –todas esas reuniones son grabadas–, Suárez Coppel y el exdirector de PEP, Carlos Morales Gil, se oponían al nombramiento, al igual que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Flores, en forma irregular, fue al consejo de Pemex a defender la imposición del expresidente.

El entonces director de Pemex se resistía. “Le fue dando largas al nombramiento hasta que en un acuerdo, el presidente le preguntó porqué no lo había nombrado”, reveló un exfuncionario. “Calderón le dijo que era lo único que le había pedido la familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir”. “Nómbralo ya, le exigió Calderón a Suárez Coppel”, dijeron los exfuncionarios, con lo que finalmente el director de Pemex lo nombró en febrero de 2010.

En ese periodo, los proveedores de Pemex mejor preparados para dar servicios de plataforma, transporte y mantenimiento, resultaron altamente beneficiados con contratos. Oceanografía fue la más favorecida por Ávila, cuyos protectores, la familia Mouriño, era propietaria de Transportes Especializados Ivancar (acrónimo de Iván, como llamaban a Juan Camilo y Carlos, el nombre de su padre y hermano), que tenía pipas y gasolineras. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, aseguró en una conversación con esta columna que nunca hubo ningún acto ilegal en la relación con Ávila, y que la única razón por la que ganaba el mayor número de licitaciones era que su empresa estaba mejor preparada, con barcos y mejor tecnología para hacer frente a las demandas de Pemex. Personas que han hablado con Morales Gil, que fue su jefe en PEP, señalan su convicción que Ávila no hizo cosas indebidas.

Ávila, sin embargo, sigue en el centro de las sospechas de corrupción. El primer acto de autoridad de Emilio Lozoya al asumir la dirección de Pemex el primero de diciembre de 2012 fue despedir a Ávila y a toda su estructura operativa, al tiempo de reactivar una serie de auditorías sobre su gestión que habían sido congeladas durante el gobierno de Calderón. La investigación sobre el protegido de los Mouriño fue congelada por el actual gobierno ante la amenaza del PAN que no aprobarían ninguna de las reformas de Peña Nieto si continuaban en esa línea.

La PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Evitó colocar en medio de la investigación a la familia Mouriño y salvar al expresidente Calderón de dar explicaciones sobre por qué impuso a una persona sin preparación para el cargo por razones personales, en un puesto de tanta responsabilidad y tanto dinero involucrado. Las peticiones a Calderón para que respondiera estas preguntas, por cierto, no fueron respondidas.