Opinión

Oceanografía, corrupción privatizada

Uno de los grandes mitos que propagan los neoliberales es que una vez que las empresas públicas pasan a manos privadas se terminan la ineficiencia y la corrupción. El mundo está lleno de ejemplos en sentido contrario, pero es al menos curioso que el caso de Oceanografía se haya destapado precisamente cuando se debaten las leyes secundarias de la reforma energética. Estamos frente a la mejor prueba de las prácticas corruptas que sangraron a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante tres sexenios, entregando a empresas privadas, en los hechos y contra la ley, muchas de las áreas reservadas al Estado mientras los beneficiarios del saqueo trataban de convencer al país de las bondades de la privatización.

Se ha intentado presentar un fraude a la nación como un asunto entre particulares, y funcionarios del gobierno han pretendido minimizar el caso. “Un evento aislado”, dijo el director general de Pemex, Emilio Lozoya. “El presunto fraude cometido por la empresa Oceanografía es sólo contra Banamex y hasta este momento no toca a Petróleos Mexicano”, apuntaló el procurador Jesús Murillo Karam.

¿Es posible que así haya sido cuando, entre 1999 y 2013, Oceanografía obtuvo contratos de Pemex y su subsidiaria por un monto superior a los 49 mil millones de pesos?

¿Caso aislado? ¿Asunto entre particulares? Los argumentos son insostenibles, toda vez que el fraude impactó las finanzas de organismos públicos como el IMSS y el Infonavit, además de que el SAE tuvo que aportar 200 millones de pesos, de fondos públicos, para cubrir la nómina inmediata de la empresa de Amado Yáñez Osuna.

Oceanografía exhibe el modus operandi de los privatizadores: diagnostican ineficiencia e incapacidad tecnológica mientras otorgan millonarios contratos de los que, además, se benefician.

Desde hace más de una década se denunció que las administraciones panistas llevaron a cabo un agresivo desmantelamiento de la flota naviera de Pemex, que fue chatarrizada deliberadamente. Pero resulta que naves que se dieron de baja reaparecieron más tarde, ya en manos de privados que las rentaban a Pemex.

La empresa del dueño de los Gallos Blancos obtuvo el grueso de sus contratos durante los dos sexenios del PAN: 106 de 112.

Ya una comisión de la Cámara de Diputados había encontrado que en 2005 y 2006 hubo irregularidades en las asignaciones de los contratos que gestionaban con Pemex Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún.

La periodista Ana Lilia Pérez documentó en un libro que la esposa del entonces presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, ordenaba personalmente que se entregaran contratos jugosos a Oceanografía y otras compañías donde sus hijos actuaban como gestores.

En la lista de los presuntos responsables sobresalen también personajes muy cercanos a Felipe Calderón Hinojosa, el autor de ese mal chiste de las “manos limpias”. En esa lista están, destacadamente, los abogados generales de Pemex César Nava, Néstor García Reza y Marco Antonio de la Peña, quien inexplicablemente fue ratificado y sigue laborando bajo la dirección del actual titular de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin.

La pretensión de privatizar el sector energético, que ya avanzó con una reforma constitucional, está manchada irremediablemente por el caso Oceanografía, donde lo único transparente son el cinismo y la hipocresía del PAN, que ha llegado a condicionar la aprobación de las leyes secundarias a que se cierre un asunto que involucra a algunos de sus más destacados miembros.

Las indagaciones han revelado que Oceanografía cotizaba a precios inferiores que su competencia sólo para, una vez obtenidos los contratos, hacer “adecuaciones” y elevar los precios de servicios u obras hasta cuatro veces más de lo presupuestado originalmente.

Por disposición constitucional, el Congreso está obligado a vigilar el ejercicio de los recursos públicos. De ahí que se haya propuesto y aprobado la integración de una comisión del Senado de la República para investigar el fraude. Lo mismo ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Ahí haremos nuestro trabajo, aunque no confiamos en que el PRI y el PAN tengan interés real en ir a fondo en este tema: no sólo comparten el credo neoliberal, sino que parecen encadenados a darse patentes de impunidad uno al otro.