Opinión

Obligaciones de transparencia: una ventana a la gestión pública

 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Archivo)

La transparencia se ha convertido en materia obligada para toda la clase política del país. El esfuerzo de la sociedad civil ha servido para que no sólo se quedara en una moda pasajera, sino que, normativamente, se instituyera como una obligación para todas las autoridades; obligación que ya quedó establecida en la Constitución mexicana, como resultado de la reforma constitucional en la materia promulgada en febrero de 2014.

El artículo 6° constitucional, apartado A, fracción I, mandata que toda la información en posesión de las instituciones de los tres poderes y ámbitos de gobierno, de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad (conocidos como sujetos obligados) es pública y accesible a toda persona, con sus excepciones reglamentadas.

Asimismo, la fracción V del mismo artículo determina que “los sujetos obligados (…) publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”; y la fracción VI demanda “hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”.

Para cumplir con estos preceptos constitucionales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un extenso catálogo de información denominada “obligaciones de transparencia”, que los mencionados sujetos obligados deberán publicar en sus portales de Internet y en la plataforma electrónica que concentrará esta información a nivel nacional.

Se trata de información de obligaciones comunes para todos los sujetos estipulada en 48 fracciones del artículo 70 de la citada Ley General; así como de información de obligaciones específicas descritas en los artículos 71 al 83, que suman 122 obligaciones repartidas entre cada sujeto obligado, de conformidad con sus funciones, competencias, objeto social o naturaleza. Estas obligaciones también se reprodujeron en las leyes de transparencia de las entidades federativas y en la federal, debido a que era el contenido mínimo que debían incluir; y, adicionalmente, varias de éstas impusieron otras obligaciones específicas para sus propios sujetos obligados.

La publicación de todo este cúmulo de información representa un esfuerzo inédito para las instituciones públicas, que deberán poner a disposición del público datos sobre: compras; obras públicas; contratos; proveedores y contratistas; ejercicio presupuestal; cuenta pública; estructura orgánica y funciones; remuneraciones de los servidores públicos; viáticos y gastos de representación; concesiones y licencias otorgadas; contrataciones por honorarios; indicadores; estadísticas; montos otorgados a personas; programas sociales y beneficiarios; entre mucha otra información. Todo ello en formatos unificados para homologar la presentación de la información en los medios electrónicos establecidos.

Esta tarea implica un cambio estructural y una reorganización interna en los sujetos obligados para cumplir puntualmente con la captura y actualización de la información. Entre otras cosas, los servidores públicos deberán capacitarse para no caer en incumplimientos u omisiones en la publicación de esta información, porque habrá sanciones para quienes infrinjan esta normatividad.

Actualmente nos encontramos en la etapa de capturar la información.

Los sujetos obligados tendrán que realizar un trabajo excepcional en esta primera captura, para que, a principios del 2017, la sociedad mexicana cuente con la información completa y actualizada para su consulta y aprovechamiento.

Con toda esta información, podremos evaluar la actuación de las autoridades y vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones. Así nos involucraremos en el quehacer gubernamental y coadyuvaremos en la creación de una sociedad más participativa y colaborativa con los gobiernos.

El autor es comisionado del INAI.

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