Opinión

Nuevo impasse migratorio; México tiene que actuar 

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Módulo especial Obama. (Archivo)

La medida ejecutiva que anunció el presidente Barack Obama para permitir que los padres con hijos legales en Estados Unidos puedan quedarse y trabajar, conocida como DAPA (por sus siglas en inglés) y que podría beneficiar hasta 5.2 millones de personas (la mayoría mexicanos), se ha empantanado. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Andrew S. Hanen, suspendió temporalmente la medida. El 16 de abril, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans sostuvo una audiencia que difícilmente resolverá las cosas, pues cualquiera que sea el fallo, se espera que el perdedor apele la decisión. Asimismo, se pronostica que en junio iniciará el juicio sobre la constitucionalidad de la medida, el cual muy probablemente llegará hasta la Suprema Corte. Ante tales complicaciones legales, lo más probable es no se obtenga una solución definitiva hasta el verano de 2016, es decir, en plena temporada electoral del vecino país.

El empantanamiento es funesto para el bienestar de la comunidad migrante mexicana y centroamericana. Los mexicanos han sido los más agraviados por la política migratoria de los dos últimos gobiernos, de George W. Bush y Barack Obama. Ambos mandatarios, tratando de lograr una reforma migratoria, instrumentaron con fuerza la ley, en especial las provisiones de deportación. Según Marc Rosenblum, del Migration Policy Institute, los mexicanos constituyen 56 por ciento del total de la población indocumentada; sin embargo, han sido por mucho los más deportados: 71 por ciento del total. Más de dos millones han sido deportados a México y prácticamente la mitad tienen hijos legales en Estados Unidos, por lo que el sufrimiento ha sido terrible. México no puede seguir esperando una reforma migratoria integral o la posible solución judicial de DAPA. El llamado para la reforma migratoria lo inició el presidente George W. Bush en su intentona de reelección en 2004, pero durante once años el Congreso ha negado sistemáticamente la posibilidad.

Los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto decidieron no insistir en la reforma migratoria. Varios expertos del tema migratorio en Washington y amigos de México, como Frank Sharry, de America´s Voice y Dimitri Papademetrious, fundador del Migration Policy Institute, aconsejaron que México no se metiera en el debate. Explicaban y con razón que cada vez que Vicente Fox exhortaba al Capitolio a aprobar la reforma, sus peroratas eran utilizadas por los legisladores antimigración para acusar a México de entrometerse en un tema medular: quiénes deben ser los futuros estadounidenses.

Ante once años de sequía y perspectivas poco halagüeñas, el gobierno de Peña necesita intentar por lo menos tres acciones: seguir impulsando la acción diferida para jóvenes soñadores; retomar un diálogo de alto nivel, y consolidar una visión subregional Centroamérica-México-Estados Unidos.

La medida ejecutiva para los llegados siendo niños, anunciada en junio de 2012 (DACA), sigue vigente. Para marzo de 2014, 62 por ciento de los 800 mil jóvenes de origen mexicano que reunían los requisitos de edad y nivel educativo al momento del anuncio de Obama habían aplicado. Se estima que otros 331 mil jóvenes de origen mexicano podrían ser elegibles. Es decir, la red consular mexicana que ha trabajado incansablemente para lograr esta regularización temporal, requiere seguir en píe de guerra para facilitar los documentos que esos jóvenes requieren.

Resulta increíble que desde que quedó en desuso a finales de los noventa la Comisión Binacional México-Estados Unidos, que tenía un grupo de asuntos consulares y migración, no se cuente con un mecanismo de consulta para el tema. La excanciller Patricia Espinosa le propuso crear un mecanismo en febrero de 2009 a Janet Napolitano, flamante secretaria de Seguridad Interna de Obama. Ésta dijo que sí, pero nunca se formó porque la Casa Blanca consideró que mientras hubiese posibilidad de una reforma migratoria no debía exponerse a críticas innecesarias. También el tema migratorio debe escalar nuevamente a nivel presidencial. Por el mismo cuento de la reforma migratoria, no ha sido abordado por los mandatarios en los últimos años.

Finalmente, México tiene que consolidar una visión migratoria regional. Formamos parte de un corredor migratorio y estamos al centro. Tan graves son los problemas de nuestros emigrantes como de los transmigrantes, mayoritariamente centroamericanos (96 por ciento del total). Para ordenar y darle seguridad a los flujos se requiere la concurrencia de todos los Estados involucrados.

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