Opinión

¿Nos resistimos al cambio o lo impulsamos?

 
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Paseantes en la Alameda. (Cuartoscuro/Archivo)

La discusión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pone de manifiesto un cambio sustancial en la forma como la sociedad se asume ante las autoridades: deja de ser espectadora y se moviliza para lograr la apertura de las instituciones públicas y consolidar espacios de participación. Sin embargo, la apertura y la participación son medios para el fin que realmente nos importa hoy a los mexicanos: que las leyes que redactamos y las políticas públicas que implementamos en ejercicios de colaboración den los resultados esperados.

Hasta hace unos años, algunas organizaciones de la sociedad civil daban la batalla por la transparencia, otras por la rendición de cuentas y otras más por abrir espacios de participación ciudadana más allá de las elecciones. Tengo la impresión de que hoy esas batallas se dan de manera simultánea bajo el impulso del gobierno abierto. Este movimiento ya ha dado claros resultados.

Algunas de estas organizaciones coinciden desde hace varios años en un espacio: el núcleo de sociedad civil que, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y en colaboración con el gobierno federal y el INAI, ha redactado dos Planes de Acción nacionales con compromisos y acciones concretas, como una base de datos de personas desaparecidas o el padrón abierto de beneficiarios de programas sociales. Actualmente, redactamos el tercer plan de acción en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación combinados serán herramientas para combatir la corrupción y la desigualdad, para construir comunidades más seguras y con menos impunidad.

Este movimiento no es nuevo ni espontáneo, ha ido in crescendo. Además de los Planes de Acción, logró que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se redactará en un ejercicio inédito de parlamento abierto en México. Más tarde, estas organizaciones sumaron esfuerzos para articular una movilización que recabó más de 600 mil firmas de ciudadanos para impulsar la iniciativa de ley 3de3 y, con la voluntad de algunos actores políticos, lograron que una discusión que se daría a puerta cerrada, se convirtiera una vez más en un verdadero ejercicio de parlamento abierto. Esperamos que este ejercicio en torno a las siete leyes que normarán la implementación del SNA termine pronto y en buen puerto. En esta discusión la influencia de estas organizaciones logró que se tipifiquen con claridad los actos de corrupción y las sanciones penales y administrativas correspondientes, y el rol de cada una de las instituciones que integran el Sistema.

Sin embargo, aún es necesario asegurar la sinergia entre el Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción. En concreto es necesario impulsar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas considere graves los incumplimientos a las resoluciones del pleno del INAI. ¿Qué pasaría si los incumplimientos a las resoluciones del INAI no se consideran graves? ¿Qué pasa cuando el INAI da la razón al ciudadano, instruye la entrega de información y la institución pública incumple esa resolución? Por ejemplo, durante el 2015 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incumplió en 10 ocasiones las resoluciones del INAI para que entregue información pública fiscal. La recién aprobada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice en su artículo 174 que las sanciones a los sujetos obligados que incumplan las resoluciones será una amonestación pública o una multa de hasta mil quinientas veces “la unidad de medida y actualización” (sic). En otras palabras, a quien no dé acceso a la información pública cuando el INAI se lo instruya sólo le llamarán la atención.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas debe considerar graves los incumplimientos a las instrucciones del INAI para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información de toda la población y para que la información sea el insumo que permita a la población documentar posibles hechos de corrupción para denunciar ante las autoridades competentes que integran el SNA. Con este tipo de decisiones, los servidores públicos demostraremos si resistimos al cambio que empuja la población o lo impulsamos.

El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.

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