Opinión

Nos equivocamos

 
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corrupción

Es duro reconocer errores cuando los hemos venido cometiendo por años. Y no estamos solos. El Centro de Recursos Anticorrupción “U4” financiado por el gobierno de Noruega, ha concluido que la mayoría de las políticas anticorrupción de países en desarrollo han fallado (Understanding success and failure of anti-corruption initiatives, Heeks, R. & Mathisen, H., Crime Law and Social Change, diciembre 2012, Volúmen 58, Número 5, pp. 533–549).

Evaluaciones realizadas por el Banco Mundial y agencias europeas sobre iniciativas que han coordinado y financiado para fortalecer la gobernanza y los esfuerzos anticorrupción en países en desarrollo, también muestran que no es posible identificar un “caso país” que haya tenido éxito en el combate a la corrupción en los últimos quince años. (Mungiu Pippidi, Alina, The quest for good governance, Cambridge University Press, 2015).

El control de la corrupción es uno de los retos de política pública más complejos para los países en desarrollo. Es difícil (arriesgado al menos) afirmar que una reforma legal o una política pública en lo particular nos ayudarán a fortalecer las capacidades del Estado mexicano para prevenir, identificar, investigar y sancionar casos de corrupción.

Simplemente no podemos decirlo ya que no hay antecedentes en la literatura especializada que nos indiquen que un conjunto determinado de políticas públicas o reformas legales nos pueda dar garantías de éxito.

Un análisis superficial de política comparada resulta desolador y nos presenta un futuro inmediato sombrío: las características más frecuentes de países que han conseguido construir instituciones efectivas para controlar la corrupción son: sistemas centralistas; pasado colonial británico; países insulares; mayoría de la población con religión protestante; democracias establecidas con éxito por más de 40 años.

Como no podemos confiar en que en el futuro cercano cambiemos nuestro sistema federal a uno centralista, ni está en el horizonte de México ceder nuestra soberanía a la corona inglesa, ni convertirnos en isla, ni tampoco que cambiemos de una mayoría católica a una protestante, nuestra única esperanza parece ser el confiar en que los mecanismos democráticos de rendición de cuentas nos ayuden con el tiempo a controlar la corrupción.

Tomar en cuenta esta realidad nos ayudará a generar expectativas reales sobre el futuro éxito del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es que hemos construido a lo largo de muchos años un discurso político y armado una canasta de políticas públicas que pensamos que nos van a ayudar a controlar la corrupción en México y que, para decirlo de forma sencilla, no tienen sustento en la evidencia empírica, no tiene antecedentes de haber tenido éxito en la experiencia de otros países ni tampoco en la propia experiencia reciente de México.

Y aquí me refiero a la confianza infundada que tenemos en México en que las políticas de transparencia –entendida como acceso a la información- y la “cero tolerancia” a la corrupción –o tesis de los peces gordos-, son la clave de las políticas públicas anticorrupción.

El Centre for Law and Democracy (http://www.rti-rating.org/), hace una valoración sobre la calidad de las leyes e instituciones de acceso a la información en el mundo. México se encuentra en el primer lugar del mundo en cuanto a la calidad de sus leyes e instituciones de acceso a la información. Los otros países mejor calificados son Serbia, Sri Lanka, Eslovenia, India y Albania. Dos de los países peor calificados son Austria y Alemania.

El hecho es que ningún indicador de percepción de corrupción para México ha mejorado desde la entrada en vigor de Ley de Acceso a la Información en 2003. Está claro también que independientemente de las leyes e instituciones de acceso a la información, Alemania es un país más transparente que Serbia o Eslovenia o México.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un arreglo institucional que no crea nuevas instituciones sino que coordina y modifica a las ya existentes con un enfoque fundamentalmente punitivo y orientado a el endurecimiento de el régimen de responsabilidades. Este sistema se suma a otras reformas hechas en los últimos años para endurecer las sanciones y sumar controles a las actividades de los servidores públicos.

Ni el acceso a la información ni el endurecimiento en las sanciones han demostrado en los hechos ser por sí mismos, mecanismos efectivos para prevenir y controlar la corrupción. En próximas entregas de esta columna nos dedicaremos a discutir posibles soluciones a este importante problema de política pública.

*Politólogo