Opinión

NOMs no deben generar corrupción ni pérdida de competitividad

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México es un país considerado como en vías de desarrollo, sin embargo, a lo largo del tiempo y más recientemente, las autoridades han impuesto a los empresarios normas, reglamentos y leyes que implican elevados costos para su cumplimiento. Las han vuelto obligatorias como si fuéramos un país de primer mundo sin tomar en consideración la realidad económica de la enorme mayoría de las empresas mexicanas.
 
Es verdad que estas normas buscan que haya más seguridad en el trabajo, que se respete el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, además de salvaguardar los intereses de los consumidores determinando especificaciones para los productos elaborados. El problema es que en la mayoría de las ocasiones estas normas son tan exigentes que resultan prácticamente incumplibles hasta para el empresario más responsable.
 
Centrándonos en el tema de las normas, tenemos que de acuerdo con la fracción XI del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, una Norma Oficial Mexicana (NOM) es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
 
Así, estas normas son de aplicación obligatoria para quien cae dentro del alcance de la aplicación de las mismas y cuando las actividades o productos se hagan durante la vigencia de la misma. Estas normas ordinariamente se publican en el Diario Oficial de la Federación e incluso se publican en medios electrónicos, por lo que se pueden considerar de acceso público y libre distribución.
 
Las Normas Mexicanas (NMX) están definidas en el articulo 3, fracción X, como aquellas que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.
 
Con esto en mente, tenemos que los problemas surgen cuando se imponen normas y reglas incumplibles para los empresarios (por el alto costo que significa el cumplirlas al 100 por ciento), por lo que al llegar las visitas de inspección por parte de las autoridades, generalmente se encuentran incumplimientos, y entonces para evitar multas arbitrarias, injustas y exorbitantes en muchas ocasiones los empresarios acaban pagándole una mordida al inspector.
 
De esta forma, pareciera que entre más difícil de cumplir sea una ley, reglamento o norma, se está creando una fuente más grande de corrupción que perjudica al país y lastima las posibilidades de crecimiento de las empresas al desviar recursos que podrían ser invertidos para su crecimiento hacia los bolsillos de los inspectores de las diferentes dependencias federales y estatales.
 
Un aspecto que se debe destacar es que las autoridades generalmente acaban realizando las inspecciones en materia laboral, ambiental y de seguridad, entre otros, a las empresas formalmente establecidas (a las que les resultan fácilmente localizables), mientras que a las empresas informales generalmente no se les molesta, lo que acaba entonces convirtiéndose en una fuente de competencia desleal, ya que el empresario cumplido siempre tendrá mayores costos de producción y de venta con respecto al que es incumplido.
 
Por su parte, en este sentido también tienen una gran responsabilidad los compradores mayoristas, quienes siempre buscan al fabricante que les ofrezca los precios más bajos. Para ilustrar esto pongamos un ejemplo: hay dos fabricantes, uno que está al corriente en sus impuestos, pagos al IMSS y al Infonavit, trata de cumplir lo mejor que puede las leyes, normas y reglamentos laborales, ambientales, de seguridad, higiene, etcétera, por lo que puede producir una camisa con un costo de 230 pesos. Por el otro lado hay otro fabricante que compra facturas para no reportar utilidades, apenas si tiene a 20 por ciento de sus trabajadores registrados ante el IMSS e Infonavit, no cumple las reglas ambientales y laborales, por lo que su costo de fabricación de una camisa idéntica al de su competencia es de sólo 180 pesos. ¿A quién le van a comprar los dueños de las grandes cadenas comerciales? Lo más probable es que al segundo, lo cual resulta injusto y es un motivante para  alejarse del cumplimiento de la normatividad.
 
Así, vemos como sin querer se generan incentivos perversos para que los empresarios que tratan de cumplir con la normatividad acaben cerrando sus puertas, ya que en ocasiones resulta imposible competir contra quien no cumple las leyes y normatividad aplicables a su respectivo giro.
 
Con lo anterior en mente, cabe señalar que hoy en día hay varias normas que están próximas a entrar en vigor y que preocupan a los empresarios por lo costos que implicarán, independientemente de que en el fondo busquen algo que en los hechos sería muy positivo para el país. Por ejemplo está el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-STPS-2015, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.
 
Cabe señalar que esta norma ya fue publicada en el Diario Oficial y está en etapa de recepción de comentarios por parte de los sectores afectados y lo preocupante es que este proyecto de norma establece nuevas obligaciones para el patrón que eventualmente serán revisadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), entre las que destacan:
 
1. Realizar un análisis para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad que presenta el trabajador,
 
2. Disponer de las instalaciones que permitan la accesibilidad de trabajadores con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, en su caso, los ajustes, a fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar,
 
3. Contar con instalaciones que permitan el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, considerar en su caso a los perros guía, hasta el lugar donde sea atendida, según lo establezca el patrón, cuando el centro de trabajo tenga más de 50 trabajadores
 
Estos son sólo algunos de los puntos que contiene el proyecto de norma, pero queda claro que su cumplimiento hará que los empresarios tengan que erogar grandes sumas de dinero para adecuar sus instalaciones y poderla cumplir. Pero en realidad, ¿cuántos empresarios tienen los recursos para poder hacer estos ajustes que no implican un mayor valor agregado para sus clientes, pero si mayores costos? ¿Qué pasa si las instalaciones donde está la empresa son rentadas? ¿Quién pagará por dichas adecuaciones? ¿Estarán los grandes compradores y consumidores dispuestos a pagar un precio más alto por el mismo producto dado que la empresa tuvo que adecuar sus instalaciones? Estas son las preguntas que se deben responder antes de que dicha norma quede como obligatoria.
 
En fin, éste es sólo un ejemplo de lo que está sucediendo en el país en materia de normas, lo cual aunado a las revisiones que se hacen por parte de la STPS, Semarnat, Profeco, Profepa, IMSS, Infonavit, hacen cada vez más complicada la actividad empresarial en México. Y es por esta razón que muchos empresarios deciden mejor cerrar sus puertas y mejor poner una comercializadora de productos importados, desde la cual siempre será más fácil cumplir con la normatividad.
 
Lo aquí escrito no es invento, sino que recoge diversas opiniones que he escuchado en los meses recientes. La autoridad puede ir a preguntarle a cualquier fabricante nacional como le va con el tema de normas y revisiones por parte de las autoridades federales y estatales y lo más seguro es que acabará escuchando historias de arbitrariedad en la aplicación de criterios, cerrazón por parte de los inspectores, chantaje y corrupción. Puras historias de cosas que le restan competitividad a la planta manufacturera nacional, dado que no se cuenta con las condiciones para que puedan ser cumplibles al 100 por ciento.
 
Dado lo anterior, lo mejor es que las normas se apliquen de manera gradual, que se establezcan programas que ayuden a las empresas a cumplirlas, que se den plazos para su aplicación, y que haya un acompañamiento efectivo por parte de la autoridad de manera que esta sea vista como una aliada y no como quien busca matar a la “gallina de los huevos de oro”, que son las empresas que son las verdaderas generadoras de empleo y riqueza en nuestro país. Si la autoridad no hace esto, entonces será más difícil erradicar la corrupción y se le seguirá dando una ventaja a los incumplidos respecto a los cumplidos, y así los esfuerzos por regularizar la actividad económica no darán frutos. No es suficiente la existencia de esquemas fiscales atractivos como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), sino que se debe revisar todo el aspecto de la formalidad desde una óptica más integral.
 
El autor es director General GAEAP.

Correo: alejandro@gaeap.com

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