Opinión

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Disculpas anticipadas al lector por dedicar una entrega más de esta columna a lo sucedido en La Gran Familia. Considero que no se puede abandonar el tema sin recalcar que hay todavía mucho por ser esclarecido, como las responsabilidades de autoridades omisas, cómplices de probables hechos delictivos que hoy se investigan.

El procurador general de la República no ha dado una en este caso. Su conferencia de prensa del pasado lunes de nueva cuenta hace encender alarmas. En ella, Jesús Murillo Karam fue cuestionado sobre un tema crucial. Reproduzco la pregunta del periodista según la versión estenográfica que publica la PGR: “¿Hay responsabilidad por parte de la institución DIF Michoacán o DIF Nacional ante la posibilidad de que ellos también hayan caído en una incurrencia de olvido, de no revisar, de no aplicar protocolos, de seguir cómo estaba siendo el trato a estos niños en el albergue?”.

Murillo Karam: “Esta era una institución privada, que se rige por instituciones de orden privado, pero yo le diría que si queremos buscar culpables yo los sumaría a todos, porque esto tiene muchos orígenes y tiene muchas cosas en las que todos tenemos responsabilidad”.

Con el debido respeto, procurador Murillo Karam, no es cierto. No es verdad que “todos tenemos responsabilidad”. Preocupa mucho que el fiscal de la nación responda de esa manera. Porque si todos somos responsables, es decir si todos somos culpables, entonces nadie lo es, y eso es exactamente lo contrario que se espera del titular de la PGR, que debe decirnos quién es responsable de qué, y proceder al respecto conforme a derecho.

Para comenzar a deslindar responsabilidades habría que recordar lo siguiente:

El gobierno de Enrique Peña Nieto es la máxima autoridad en Michoacán, que no es desde hace seis meses un estado soberano. Y la zona de Zamora no sólo es clave para la economía de ese estado, sino también un enclave crítico para los criminales. Por ende, la responsabilidad del procurador general de la República es, si tal cosa es posible, mayor.

Sin querer enseñarle al procurador Murillo Karam el Padre Nuestro, ante la pregunta que se hace la ciudadanía sobre quién vigilaba (o no vigilaba) la legal operación del albergue de Mamá Rosa, no se puede responder que “era una institución privada, que se rige por instituciones de orden privado”. O que todos somos responsables.

No se aceptan esas respuestas porque, y sólo como ejemplo, un albergue de la ciudad de México es vigilado por la Procuraduría local, por el DIF del Distrito Federal, por Protección Civil, por la Secretaría de Salud, y en última instancia por la Sedesol federal, pues para recibir donativos ese centro debe contar con una Clave Única de Registro en el Indesol. La Gran Familia recibía donativos de la Sedesol desde hace dos sexenios.

Todas esas autoridades a nivel municipal y estatal tienen que responder por la supervisión en La Gran Familia, y por posibles delitos ahí cometidos. Y también la PGR y el DIF federal, pues desde hace décadas había denuncias sobre presuntos abusos o ilícitos en ese lugar.

Procurador: hay que evitar que en este caso sólo paguen los lacras que abusaron sexualmente de niños. Deben responder también funcionarios y exfuncionarios que no hicieron su trabajo de vigilancia de las normas. ¿Quiénes son esos que voltearon hacia otra parte? ¿Dónde están? ¿O también son inimputables? Eso sí: es responsabilidad de todos nosotros reclamarle que así lo haga.