Opinión

¡No maten a los abogados!

 
1
 

 

Justicia. (Cuartoscuro)

Una de las frases más controversiales de la obra “Rey Enrique” de William Shakespeare (que por cierto estamos celebrando 400 años de su nacimiento) fue: “Lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados”, frase que se ha interpretado como un desprecio a la profesión jurídica. En realidad, al leer el texto del dramaturgo inglés, lo que busca es resaltar el papel que deben de jugar los abogados en detener la instalación de un gobierno autoritario.

Muchos odiarán nuestra profesión, porque nos acusan de entorpecer, en vez de facilitar; más que resolver conflictos, los atizamos; más que promover la paz, promovemos la guerra. Poco se ha entendido del papel de los abogados en tratar de asegurar que los gobernantes, los poderosos, y que tienen ambiciones desmedidas, se mantengan dentro de los límites de la ley.

Aun los más poderosos caen ante los argumentos de los abogados que balconean sus ilegales comportamientos, que le pregunten al expresidente Lula da Silva, ya que el fiscal general de Brasil pidió que fuera investigado por actos de corrupción. Dilma Rousseff, la ahora presidenta, está a punto de enfrentar un juicio político y seguramente tendrá que abandonar su cargo.

Claro que la capacidad de los abogados siempre está limitada a que exista un Estado de derecho, independencia entre los poderes del Estado, una democracia vibrante y el temor a ser juzgado, por las consecuencias.

En el ambiente de seguridad nacional y seguridad pública hoy, más que nunca, deberían de ser los abogados quienes aseguraran que todos los operativos –el actuar diario del gabinete de seguridad– son constitucionales, legales y que estén enmarcados dentro de los acuerdos internacionales firmados por México.

De hecho, en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros europeos, los abogados visten uniforme, están en el campo de batalla, definiendo si cada operativo, cada muerte, están enmarcados dentro de algún precepto constitucional, alguna justificación legal, algún artículo de un acuerdo internacional, que permita asegurar a los gobernantes que no enfrentarán un juicio ahora, o en el futuro.

Los últimos anuncios del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la 'nueva' estrategia para el estado de Guerrero, requiere urgentemente una evaluación para asegurar que verdaderamente se tiene el paraguas jurídico, al transferir todas las responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de operar los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), ubicados en Acapulco, Chilpancingo. Esta tarea la ejecutarán 414 efectivos de la Sedena.

Hay que entender que las funciones de un C4 y de un C5 incluyen actividades que van más allá de videovigilancia, incluyendo la coordinación de operativos de policías municipales, estatales, cuerpos de emergencia, además de lectores de placas, las líneas de 066 y 085 que se usan para las denuncias públicas, equipo de análisis y mucho más. Claramente son funciones que en una situación de normalidad lo ejercerían civiles.

¿Hay en Guerrero una situación de excepcionalidad tal que estas funciones deben de ejercerse por las Fuerzas Armadas? ¿Ya se ha hecho la declaratoria de un Estado de excepción? Ante la atención internacional que hay sobre México no sólo por los casos de los desaparecidos de Ayotzinapa, sino por las masivas desapariciones en el país, y las incapacidades del sistema de justicia penal, ¡en verdad la Constitución les da la cobertura jurídica a estas funciones! En este espacio hace algunas semanas señalé cómo hasta la fecha los legisladores no han querido debatir sobre esta materia, dejando literalmente en un limbo jurídico a las Fuerzas Armadas, [situación] que podrá tener graves consecuencias para la institución y sus mandos en el futuro.

Y sí, los odiados abogados nacionales y del extranjero seguramente se estarán haciendo esta pregunta. ¿Los abogados del gabinete de Seguridad Nacional pondrán su firma en esta estrategia?

Por eso en este espacio, hace unas semanas, esta abogada sugirió que si el Jurídico de Presidencia tuviera que firmar el uso del Ejército y la Marina para operativos en contra del crimen organizado, “seguramente se entenderá la necesidad de una estrategia y justificación antes de poner en jaque político al presidente ante el país y la comunidad internacional”.

Twitter:
 @Amsalazar

También te puede interesar:
México, 2-EU, 0
Ejército, chivo expiatorio de la falta de estrategia
De Bélgica a México