Opinión

No hay otro camino

  
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Coparmex

1. El sector privado ha interpuesto una demanda contra los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) por no aplicar la ley en el caso del CNTE. Y ha advertido de que podría presentar sus declaraciones fiscales en ceros, dadas las pérdidas millonarias que ha sufrido.

2. La respuesta del titular del SAT fue inmediata: la presentación en ceros violaría la ley y los empresarios que así lo hicieran deberán atenerse a las consecuencias. En otras palabras, se les amenaza, a ellos sí, con penas de prisión en respuesta al reclamo de que el Estado aplique la ley. Pero las sanciones que se anuncian contra las víctimas corren de la mano con la impunidad que se otorga a los victimarios.

3. Vale recordar que la SCJN ya falló sobre la omisión de la autoridad en el caso de los seis meses de bloqueo, en 2006, de la ciudad de Oaxaca. La resolución señaló al entonces gobernador, Ulises Ruiz, por evadir sus responsabilidades. Pero inexplicablemente excluyó al gobierno federal.

4. El propio Vicente Fox, durante su mandato y posteriormente, ha señalado que entre la aplicación de la ley y la preservación de la paz social debe buscarse una suerte de equilibrio. Y eso es, en efecto, lo que han hecho tanto los gobiernos panistas como los priistas, para no hablar de los perredistas.

5. Razonado en términos abstractos el dilema parece claro: si el Estado aplica la ley a rajatabla el efecto indeseado sería una espiral de la violencia, de manera tal que el remedio resultaría peor que la enfermedad.

6. Pero detrás de ese razonamiento 'pulcro' hay realidades e intereses que no se pueden soslayar. Los costos políticos de aplicar la ley recaen inmediata y directamente en el gobierno y el partido en el poder, como lo ha reconfirmado Nochixtlan.

7. De ahí que la omisión y la tolerancia sean la salida más fácil y 'económica'. El problema está en que el ahorro no es el mismo para todos. Porque son los ciudadanos y los empresarios los que terminan pagando con creces el costo de una falsa tolerancia, que es una carta blanca para el vandalismo y la violencia.

8. Y en ese punto es donde la iniquidad se hace más patente: una minoría vociferante y activa impone violentamente sus intereses sobre una mayoría silenciosa que no tiene cómo defenderse.

9. Por otra parte, cabe reflexionar sobre el dilema de aplicar la ley a rajatabla: ¿Por qué el gobierno de Salinas pudo detener a La Quina y Jonguitud y no pasó nada? ¿Por qué cayó la maestra Gordillo, pero todo se enredó con la CNTE? La respuesta es clara: no existe ningún dilema 'ontológico', sino incompetencia o connivencia.

10. El hecho es que el gobierno, en todos sus niveles, no tiene el menor incentivo para proteger a la mayoría de una minoría violenta. Y ese incentivo seguirá siendo nulo, en tanto el costo de aplicar la ley sea elevado –por la respuesta violenta de la minoría– y las omisiones de las autoridades no conlleven sanción alguna.

11. Sobra decir, pero vale repetirlo, que un Estado que no es capaz de proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos pierde legitimidad para cobrar impuestos. Porque su responsabilidad primera y esencial es esa y no otra.

12. Previamente a la demanda interpuesta ante el Poder Judicial, la Coparmex solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una resolución por las omisiones de la autoridad.

13. La CNDH, en principio, deberá darle la razón a los quejosos, dado el precedente que sentó el fallo de la SCJN. Pero lo que sería realmente deseable es que la Suprema Corte se pronunciara, de nuevo, sobre este tema. De modo tal, que ambas resoluciones le cerraran el paso a la irresponsabilidad, y los diferentes niveles de gobierno fueran obligados a responder por sus omisiones.

14. Finalmente, hay que entender que la alternancia no ha bastado ni bastará para establecer el imperio de la ley. E igualmente iluso sería esperar que la clase política asuma esa tarea. La implantación del Estado de derecho dependerá, ante todo, de la resistencia activa de la mayoría silenciosa, como está ocurriendo en Oaxaca, y de resoluciones del Poder Judicial y la CNDH. No hay otro camino.

Twitter: @sanchezsusarrey

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