Opinión

No es Iguala, sino la impunidad

El discurso del presidente Peña Nieto no fue un golpe de timón para convertir la crisis en oportunidad de cambio. Al quedarse corto como propuesta de solución, el discurso presidencial no permitirá zanjar la crisis de legitimidad ni detener las manifestaciones de rebeldía y violencia, tampoco el presidente podrá retomar el liderazgo que su figura requiere para ordenar el país, combatir los problemas de seguridad y corrupción y además garantizar que las reformas del Pacto por México lleguen a buen puerto.

En su mensaje el presidente pone a Ayotzinapa como el centro y causa de la crisis de confianza que vive el país. Afirma que las políticas de su gobierno han permitido reducir los homicidios dolosos, pero que “los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y gobierno, que aún hay mucho por hacer”. Pero Iguala es sólo una de muchas manifestaciones de un problema más grave que es la impunidad.

Porque hay impunidad hay Igualas, pero también escándalos como los de la “casa blanca”. Porque hay impunidad el gobierno puede cancelar la licitación de un tren de alta velocidad sin dar explicaciones puntuales ni temer por sanciones. Porque hay impunidad hay múltiples acusaciones formales e informales en contra de gobernadores y exgobernadores sin que se abran investigaciones que deriven en sanciones.

El problema más grave de funcionamiento del sistema político mexicano es la impunidad. Romperla es el primer paso para construir un Estado de derecho. La visión que ofrece el mensaje presidencial es que el origen de la crisis es Iguala y quizá por ello las recetas esgrimidas son limitadas. Es una visión administrativa y legislativa para salir de un problema mucho más profundo.

Varias de las reformas que propuso el presidente Peña Nieto son positivas, pero sólo como uno de los capítulos de una gran revolución que requiere otras medidas y acciones. Primero, tener un diagnóstico del problema de la impunidad –el deterioro de la inseguridad es una consecuencia de la falta de castigo. El mea culpa que faltó al mensaje presidencial y que muchos han lamentado es sólo reflejo de un diagnóstico que reduce la problemática a alcaldes irresponsables y la postulación de narcocandidatos.

Segundo, reconstruir el sistema de pesos y contrapesos que debe ser el eje de la vigilancia entre poderes de gobierno. El pluralismo es el ingrediente que alimenta la ambición para contrarrestar la ambición del otro y controlar su abuso y corrupción. Pero en México el pluralismo ha degenerado en complicidad o impunidad colectiva. No hay nada peor que cuando todos los partidos se cuidan las espaldas para no delatarse mutuamente, algo que ha sido notorio en las últimas semanas.

Darle la vuelta al problema de la inseguridad y de la corrupción requiere mejoras legales, sin duda, pero es aún más importante generar responsabilidad de gobierno. Ha ocurrido en los últimos años que en lugar de castigar el mal desempeño de los gobiernos locales, se pretende sustituirlos para evitar su colapso o prevenir el daño (así ha ocurrido en materia electoral, de acceso a la información y ahora policial y de seguridad). Pero no hay Estado federal que pueda tapar tantos hoyos sin caer él mismo en un problema de desempeño. Por lo tanto, la mejor forma de mejorar el desempeño es restaurar la responsabilidad de los gobernantes locales. ¿Dónde queda el cabildo?

¿Por qué no exigir cuentas a los congresos locales?

También se requiere restituir la ambición para la vigilancia entre poderes públicos. El Congreso es el eje central del sistema de pesos y contrapesos en una democracia presidencial. Pero se está distorsionando y aun corrompiendo su función en México. Los recursos de gestoría y los fondos de libre asignación que estimulan sobornos han llenado de prebendas a los legisladores (federales y estatales) y han desviado su energía para controlar al Ejecutivo. Lo mismo aplica a los medios de comunicación. Mientras no se reduzcan los recursos enormes de publicidad gubernamental, los medios serán cada vez más adictos a los dineros públicos y menos propensos a investigar y denunciar a aquellos que les pagan.

Finalmente, el gobierno y su titular requieren reconstruir la confianza y legitimidad. Sin ellas, el presidente no podrá encabezar una revolución a favor de la legalidad y en contra de la impunidad y la corrupción. El escándalo de la “casa blanca” no es el primero de presunto conflicto de interés pero sí es emblemático porque involucra al jefe del Estado mexicano y porque estalló justamente en medio de la crisis de Iguala. Si no se resuelve a plenitud, lo cual requiere necesariamente una investigación externa, el presidente carecerá de la credibilidad y una nube de duda lo perseguirá el resto de su sexenio.

Lo mismo ocurre con la cancelación del tren México-Querétaro. ¿Cómo pedir que se apruebe una nueva ley de obra pública o que se transparente el listado de proveedores del gobierno federal si antes no se aclaran las razones de la cancelación?

Es ingenuo pensar que se requieren nuevas leyes para cumplir las que tenemos. Lo que se requiere es que todos los gobiernos y poderes públicos asuman a plenitud sus responsabilidades y detonar las motivaciones para que se vigile y sancione a quien incumpla. Las enmiendas constitucionales que propuso el presidente pueden ayudar pero una vez que se haya reparado el sistema de pesos y contrapesos, que hoy está roto.

Twitter: @LCUgalde