Opinión

"¿Ni eso pueden hacer?"

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Ayotzinapa. (Edgar López)

Luego de las movilizaciones encabezadas por Javier Sicilia y tras decenas de miles de asesinatos, México produjo una ley de víctimas, ley nacida. Esa legislación pretendía, se dijo, se prometió, que nunca más la víctima y su familia padecieran los salvajes costos –vejaciones, maltratos e incluso pérdida de patrimonio– que implicaban la maraña de trámites para reclamar la más elemental justicia.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes probó que tal ley no vale el precio del papel en que pueda estar impresa. En las páginas del reporte entregado el domingo por el GIEI, el caso de Julio César Mondragón –sí, el joven cuyo cuerpo fue encontrado sin rostro, cruda imagen de esa cruda noche– es la demostración de que la ley de víctimas, y los organismos que de ella surgieron, así como otras instancias de derechos humanos y al final todos los espacios de procuración de justicia, son incapaces ya no digamos de eficacia o profesionalismo, sino incluso de humanidad.

En una veintena de páginas, a partir de la 354, se hace un recuento de la inverosímil pesadilla que vivió la familia de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue exhumado para realizar una autopsia como la que, por principio de cuentas, debió haber tenido justo al morir asesinado. La exhumación ocurrió el 4 de noviembre pasado. Pero antes de inhumarlo de nuevo, los familiares de Julio César tuvieron que padecer, durante tres meses, absurdas diligencias para lograr que se tomara a los restos una simple muestra de ADN.

Sí, un trámite que debía ser cuando mucho de unos días (pues ya estaba exhumado el cuerpo y éste estaba en poder de la PGR) requirió que la familia realizara 22 gestiones, varias de ellas en siete poblaciones tan distantes entre sí como Chilpancingo y Xalapa (Veracruz).

En el informe se lee: “El GIEI recomendó al Estado la realización de una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, que ayudara a determinar el trato sufrido, la causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia, como parte de la contribución al derecho a la verdad de lo sucedido.

“La realización de una prueba de ADN al cuerpo de Julio César Mondragón debió ser considerada desde el primer momento de la autopsia como parte de los procedimientos a realizar para la identificación plena del cuerpo en el contexto de un proceso penal, y teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraba el mismo. Sin embargo, dicha prueba no se realizó. (…) Los familiares consideraron que se debía realizar dicha toma de muestras para evitar cualquier problema legal posterior, como recursos de los inculpados o gestiones judiciales respecto a la plena identificación”.

Para lograr la toma de ADN, los familiares de Julio César tuvieron que hacer trámites en la Ciudad de México, en Toluca y Tenancingo (Estado de México), en Iguala y en Chilpancingo (Guerrero) y en Xalapa. En esos lugares entregaron escritos, peticiones, notificaciones, oficios, exhortos, diligencias, promociones, recogieron documentos y tuvieron reuniones con instancias del gobierno. Gastaron en copias del expediente y viáticos al menos 117 mil 778 pesos, dinero que reunieron mediante colecta. Todo para una prueba de ADN de un cuerpo que la PGR ya tenía.

El abuelo de Julio César murió sin saber por qué su nieto estaba en un refrigerador. Nadie le supo explicar eso. O en palabras de uno de sus tíos, quien tuvo que lidiar con los trámites de la funeraria la primera vez que iba a ser enterrado: “¿Ni siquiera en eso nos va a apoyar el gobierno? ¿Ni eso pueden hacer?”

Apenas, a duras penas, el 12 de febrero Julio César pudo ser de nuevo sepultado.

​Twitter: @SalCamarena

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