Opinión

Negociación política versus negación política

El Gobierno de la República ha demostrado que tiene la visión de negociación en aquellos casos que corren el riesgo de complicarse en la vida política nacional. Ejemplo claro de ello fue la innovadora actitud del Secretario de Gobernación de cara a las manifestaciones de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, en las cuales se subió al templete, habló con ellos en mangas de camisa y a los pocos días dio respuesta a todas las demandas del movimiento. Independientemente de la no aceptación –disfrazada de consultas a las bases- que hicieren los estudiantes, se evidencia que Peña Nieto y su gobierno no tienen la intención de dejar crecer los conflictos hasta el punto que se vuelvan inmanejables. El gran acierto de esta movida gubernamental es que deja del lado de los inconformes la verdadera solución al conflicto, ya que obtuvieron todo lo que solicitaban en sus pliegos de peticiones originales y aún así, decidieron no aceptar de inmediato. El riesgo que corren estos jóvenes con la postura un tanto intransigente, es que la sociedad considere que su movimiento efectivamente es manipulado por intereses políticos ajenos al Politécnico Nacional, lo que podría tener como consecuencia la perdida de las simpatías y la legitimidad social que obtuvo esta manifestación de inconformidad en sus orígenes. El gobierno da la visión de estar cercano de la gente y tener sensibilidad social, lo que se refleja también en otras acciones como es el caso de la investigación sobre la masacre de delincuentes en Tlatlaya, en que se ha admitido que hubo un exceso de fuerza en el actuar de algunos militares en dicha demarcación al combatir a delincuentes que al final terminaron muertos y qué parece ser, fueron ejecutados por dichos soldados. La investigación está en curso, y lo que llama la atención es que el gobierno federal no ha minimizado dichas acciones y parece estar dispuesto a que las investigaciones lleguen hasta dónde tengan que llegar. Pero es importante destacar que la postura de flexibilidad mostrada por el gobierno de Peña Nieto, debe de tener un límite para evitar que, en aras de la gobernabilidad, se vuelvan rehenes de grupos políticos con intereses propios que se apropien de los movimientos legítimos con fines de beneficio propio. En este contexto, llama la atención la absurda e insostenible defensa que hiciere el nuevo presidente del PRD –Carlos Navarrete- del Gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, quien queda a los ojos de todos como un político sin capacidad de gobernar ni liderazgo para ello, después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapan y la posterior ejecución de algunos de ellos a manos de la policía municipal de Iguala de manera conjunta con el crimen organizado. Es verdad que no se le pueden fincar responsabilidades personales penales a Aguirre, pero de ahí a pretender que evada su responsabilidad política, hay una gran diferencia. Carlos Navarrete siempre se había caracterizado por su sensatez en política y su seriedad en la negociación. ¿Qué pretende con esta defensa de lo indefendible? ¿Chantajear al Gobierno Federal para obtener beneficios para su partido y los suyos? ¿Creerá que así como los alumnos del politécnico obtuvieron respuestas afirmativas a sus demandas lo mismo ocurrirá con su partido? Lo que debe entender Navarrete es que no es lo mismo un movimiento estudiantil –con todo y la importancia real que tiene- que la defensa de un inepto gobernador que no controla su estado y que esto, ha traído como consecuencia la muerte de al menos, 18 personas hasta el momento de escribir estas líneas. Se habla de una posible desaparición de poderes en Guerrero, lo que sin duda alguna es la salida constitucional a una crisis política evidente, pero no lo es a una crisis de seguridad dramática como la que vive dicha entidad. La pregunta obligada sería, ¿por qué decretar desaparición de poderes en Guerrero si no se hizo así en Michoacán? ¿Tendrá que ver la militancia de cada gobernador? La moneda está en el aire.