Opinión

¿Necesidad de una política industrial?

 
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En NL la industria manufacturera concentra el mayor número de personas ocupadas, y a nivel nacional lo hace el sector comercio.

En círculos empresariales es común escuchar que México necesita una política industrial que promueva ciertos sectores específicos. La justificación suele recurrir a un supuesto desarrollo potencial de estas actividades que, sin la ayuda gubernamental, no ha podido aprovecharse. A pesar de la bondad de tales objetivos, este enfoque enfrenta serias limitaciones.

En cualquier país, el gobierno debe ejercer funciones básicas para la adecuada operación de la economía. Los economistas asocian estas tareas con situaciones en las que los mercados 'fallan', es decir, no producen los mejores resultados para la sociedad. Si bien la lista no es exhaustiva, los casos más prominentes son tres.

El primero es el de 'bienes públicos', que por sus características difícilmente pueden dejarse al interés de los particulares, incluyendo la defensa nacional, la seguridad pública, el Estado de derecho y la infraestructura básica.

El segundo consiste en las 'externalidades', definidas como condiciones en las que las actividades impactan a personas o empresas no directamente relacionadas con las mismas. Éstas pueden ser positivas como la educación básica que facilita la convivencia social, o negativas como la contaminación ambiental.

El tercero se asocia con la limitada competencia en algún sector por razones técnicas, por ejemplo, la red de transmisión eléctrica, cuyos precios deben ser regulados. Los avances tecnológicos hacen que tales casos sean cada vez más escasos, debiendo concentrarse el gobierno en la eliminación de cualquier barrera a la competencia.

Estas funciones hacen que el papel del Estado sea fundamental. La característica común es que aumentan el bienestar general y su descuido puede frenar sustancialmente el crecimiento económico.

En contraste, la política industrial, entendida como el apoyo gubernamental a sectores específicos mediante subsidios, exenciones de impuestos, protección frente a la competencia y otros, en ausencia de alguna 'falla de mercado', difícilmente es justificable. Entre las deficiencias de este tipo de iniciativas, sobresalen tres.

Primera, suponen que es posible identificar las actividades con el mayor potencial de desarrollo. Además de los problemas típicos de cualquier pronóstico, tendría que conocerse el efecto del cambio de incentivos en el sector, dentro de la compleja interacción de la economía y, más destacadamente, frente a la inventiva humana que va sustituyendo productos e industrias completas, dejando obsoleto lo que en algún momento podría haberse considerado esencial.

Segunda, la selección de los segmentos a impulsar implica la existencia de burocracias con poder discrecional, las cuales pueden ser capturadas por los grupos de interés más poderosos. La búsqueda de rentas se convierte en esencial, distrayendo recursos de las actividades productivas hacia el cabildeo y propiciando la corrupción.

Tercera, como todos, el gobierno cuenta con recursos escasos que debe destinar a su mejor uso alternativo. Este criterio suele romperse con las propuestas industriales que enfatizan sólo los supuestos beneficios e ignoran el costo de oportunidad de los recursos. Además, el auxilio de algunos sectores genera presiones por parte de otros, lo cual puede descontrolar las finanzas públicas.

Es frecuente que los defensores de la política industrial se refieran a algunos países cuyo avance parece haber dependido crucialmente de esta clase de medidas. Sin embargo, la evidencia internacional no avala esa visión.

La existencia de estos programas no implica que hayan sido el motor del desarrollo o el más eficiente. Por ejemplo, en India, el sector de las tecnologías de la información creció, principalmente, porque la industria manufacturera estaba restringida por regulaciones laborales rígidas y una pobre infraestructura.

Adicionalmente, la promoción industrial puede estar equivocada. Un caso paradigmático es Japón, cuyas autoridades por mucho tiempo se opusieron a que las empresas automotrices exportaran y que Honda se expandiera de motocicletas a automóviles.

Más bien, los datos apuntan a que la especialización de ciertos sectores en los países suele estar dominada por las oportunidades abiertas por el comercio internacional, que inducen el crecimiento sostenido de la productividad.

Finalmente, tal vez la principal objeción a la política industrial en México sea que nuestro país ya la aplicó ampliamente durante los años 70 con resultados desafortunados. Así, más que favorecer sectores específicos, debería comprenderse por qué el crecimiento de largo plazo de la economía en su conjunto ha sido insatisfactorio. El inicio de la respuesta podría encontrarse en la forma inadecuada en que se han ejercido las funciones esenciales del Estado.

Manuel Sánchez González es exsubgobernador del Banco de México y profesor de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @mansanchezgz

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