Opinión

Morir en el Golfo:
la secuela

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ME. Guerrero: el Ejército bajo sospecha.

La impunidad con la que actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al servicio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, se está acabando. Ese grupo, de acuerdo con investigaciones federales, asesinaba, secuestraba y limpiaba los cadáveres dejados en las calles de las ciudades tamaulipecas por el Cártel, y era intocable. Pese a las denuncias, durante meses hubo negligencia gubernamental, que mantuvo intacta su actuación como parte estructural del Cártel del Golfo. La semana pasada se publicó en este espacio parte de la
denuncia que presentó un grupo de tamaulipecos al más alto nivel del gobierno federal, frustrados por la falta de respuesta. Las cosas, sin embargo, se están moviendo.

Varios de los policías señalados en la denuncia fueron trasladados a la Ciudad de México, uno fue suspendido y se preparan órdenes de presentación contra toda la estructura institucional que protegía al Cártel. Cómo terminarán las cosas es incierto todavía. En la investigación participan la Comisión Nacional de Seguridad, a cuyo titular Renato Sales le entregaron en su oficina la denuncia hace un mes, y la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada. Funcionarios federales dijeron que la persona más importante dentro las instituciones en esa estructura criminal es Salvador Silva, expolicía federal con licencia, adscrito a la Comandancia de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quien fue recientemente suspendido.

Silva, su pareja y el también oficial policial Gisel García, el expolicía federal y ahora suboficial en Homicidios, Joaquín Romero Salgado, así como el jefe de los tres, William López Ramírez, jefe de la División de Homicidios en Reynosa de la procuraduría tamaulipeca, son investigados por ser la cabeza de las bandas de secuestradores en Reynosa y Ciudad Victoria, autores intelectuales del reciente secuestro de alto impacto de los empresarios Juan Manuel Gómez Fernández y su hijo Juan Manuel Gómez Monteverde, que fueron encontrados sin vida en Ciudad Victoria y sus cuerpos dejados en Veracruz en septiembre.

Silva, a quien apodan El Santero, aunque segundo mando, es la figura central en la estructura criminal del Cártel del Golfo en la policía tamaulipeca. De acuerdo con funcionarios federales, es el enlace de Juan Manuel Loza Salinas, apodado Comandante Toro, jefe de la plaza de Reynosa con las instituciones de seguridad en el estado. López Ramírez, Silva, García y Romero, conforme a las investigaciones, protegían el dinero del Cártel del Golfo, y quincenalmente guardaban entre dos y cinco millones de dólares en el hotel El Camino Inn, una franquicia estadounidense, sujeto también a investigación. La persona señalada en las investigaciones como el contacto del comandante López Ramírez que les entrega ese recurso es identificada solamente como “Gaby”, con una edad aproximada entre 34 y 38 años, que maneja una camioneta Lincoln.

Silva y Romero eran los encargados de recibir el dinero del Cártel del Golfo para pagar las nóminas de los policía federales, policías de caminos y de miembros de la procuraduría tamaulipeca. Silva, quien se hospeda en el Camino Inn, según la investigación, usaba una motocicleta para una rápida movilidad, una Suzuki negra que llevaba una mica en amarillo y rojo con la leyenda “Moto Club Dragones Reynosa”. Junto con Romero, como se señaló en este espacio la semana pasada, “se encargan de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”. Según la investigación, cuentan con cuatro casas de seguridad, donde mantenían a sus víctimas de secuestro en espera del pago, que oscilaba entre tres y cinco millones de pesos.

La denuncia ante la SEIDO fue presentada el 7 de septiembre pasado, como consta en el acta circunstanciada AC/PGR/SEIDO/UEIDCS/177/2015, y quedó registrada como “anónima”. No tuvieron respuesta. Una copia del documento en el que se sustentó la denuncia se entregó en las oficinas de los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, general Salvador Cienfuegos, de la Defensa, almirante Vidal Soberón, de la Marina, así como del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, el almirante Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor General de la Armada, y el jefe de la Base Temporal de la Infantería de Marina en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hasta hace unos días, les hicieron caso.

El grupo de personas que presentó la denuncia, dijo que la información “nos costó mucho trabajo y tiempo obtenerla, gente arriesgó su vida y tuvo que huir por su seguridad”. Hacer públicos detalles generales de su denuncia, se debió a la impotencia por la no respuesta. “Todos han hecho caso omiso de toda esta información, lo cual no causa indignación puesto que es imposible que tantas instituciones conozcan del asunto y no se haga nada al respecto”, se quejó ese grupo de tamaulipecos.

Finalmente las cosas cambiaron cuando se movieron las aguas de la opinión pública. Las autoridades policiales y ministeriales entraron de fondo a investigar la denuncia y a tomar acciones. Si se comprueba que los jefes policiales en Reynosa en efecto forman parte de la estructura criminal del Cártel del Golfo, y son responsables de los secuestros, la banda de narcotraficantes habrá sufrido un golpe importante en su protección institucional y habrán delimitado significativamente su estructura. Esto sería una buena noticia para los tamaulipecos, urgidos de estas nuevas.

Twitter: @rivapa

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