Opinión

Morelos, impedir otro Iguala

Sobre José Luis Abarca todos los que cuentan supieron demasiado y todos hicieron poco. El exalcalde apostó a que la realidad de las leyes no imperaba en su feudo y durante buen tiempo se salió con la suya. Añejas denuncias en su contra (era investigado desde el sexenio pasado) nunca prosperaron y al final tuvo que sobrevenir una tragedia mayúscula, descomunal, insoportable, para que la carrera de impunidad de este perredista acabara, cosa que ocurrió finalmente ayer.

¿Pero cuántos como Abarca hay hoy que apuestan a lo mismo, a derrotar al sistema gracias al temor que infunden en sus comunidades, gracias a la complicidad de sus partidos, a la apatía de otros sectores y a su dominio sobre los vericuetos de nuestros aparatos legales? Hay al menos un caso y está a la vuelta de la esquina, en Morelos.

En los últimos días, tres diarios de la ciudad de México han revelado presuntos vínculos entre políticos morelenses y criminales. Raymundo Riva Palacio publicó el jueves aquí en EL FINANCIERO la columna “Partidos, franquicias para criminales”. El lunes, Héctor de Mauleón en El Universal escribió “Los Otros Abarca”, y ayer el diario Milenio informó que “órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron siete diputados locales que presuntamente guardan relación con el crimen y otros delitos, entre ellos el petista Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de la banda Los Rojos en ese estado”.

Las columnas de Riva Palacio, de De Mauleón y la información de Milenio coinciden además con lo mostrado en el programa Punto de partida de Denise Maerker el 21 de octubre: que grupos criminales podrían estar representados por políticos, bien en el congreso del estado de Morelos, bien en algunas alcaldías, como la de Amacuzac.

Quince días después del reportaje en cadena nacional del equipo de Maerker, y a pesar de la acumulación de información que habla de que algo está podrido en Morelos, en esa entidad se vivió ayer un caso de esos que hacen que luego nos llamen país surrealista: el diputado Miranda se dio el lujo de tratar de erigirse en juez de la labor del comisionado para la Seguridad de Morelos, Alberto Capella.

El policía de origen tijuanense acudió ayer al Congreso de Morelos a ser cuestionado por legisladores. Y en cosas que hay que ver para creer, el legislador que tiene al menos siete acusaciones penales, que lo involucrarían en casos tan graves como secuestro y homicidio (por probarse, por supuesto), cuestionó al comisionado Capella sobre supuestos casos de corrupción y abuso policial de sus uniformados.

Según un testigo de la comparecencia, que no fue pública a pesar de que el comisionado así lo solicitó, Capella respondió: “Mire señor Miranda, con el debido respeto yo no sé con qué calidad moral usted quiere cuestionar, si a usted se le ha señalado en casos de homicidio, secuestro y peculado. Entregó en Amacuzac una policía corroída por el crimen organizado; entonces, no es quién para ahora venir a hacer esos señalamientos. Discúlpeme, pero no creo que sea con usted el diálogo que hay que tener”.

“Estoy aquí dispuesto a lo que diga”, habría repuesto el legislador.
“Si realmente existiera disposición a ser investigado”, le contestó Capella, “ya hubiera solicitado licencia para que las instancias correspondientes le investigaran. Pero el fuero no es eterno”.

El diputado Miranda merece una investigación imparcial. Los morelenses, a su vez, merecen representantes libres de sospecha de colusión con criminales. Pero esto no es de merecimientos, sino de intolerancia de todos para con los delincuentes. Iguala no debe repetirse. Un José Luis Abarca tampoco.