Opinión

Monarquías estatales sexenales

Ninguna monarquía en el mundo es tan cara como las monarquías sexenales mexicanas.

Antes lo eran las presidenciales. Ahora abundan las estatales.

Desde su origen, la figura de monarquía sexenal de facto tuvo peculiares características: no se heredaba el poder a un familiar, sino a un favorito, pero sí se heredaban a la familia los haberes obtenidos durante los días de gloria.

Entre los presidentes posteriores a la revolución sólo hubo algunas excepciones. La mayoría arrasó con lo que pudo, habida cuenta de la impunidad garantizada.

Para ingleses y españoles, por ejemplo, es mejor asignar una presupuesto a la Casa Real. Que reinen, se diviertan, vivan entre las páginas de un cuento de hadas y nutran los colores de las revistas rosas. Pero al menos se sabe cuánto cuestan y ni una moneda más.

Habríamos padecido menos daño, si le hubiéramos dicho a aquel que soñaba con ser José I: ten 10 millones de dólares al año y que te diviertas.

En lugar de eso, el mandatario tomó de las arcas cuanto quiso, mientras soñaba ser Quetzalcoatl, jugaba a ser Morelos, embestía al peso como un tiranosaurio y lo defendía como un can.

Aniquilada la transición automática al sucesor consentido (preferentemente a alguien que no fuera a opacar las hazañas del que decidía), la monarquía presidencial sexenal ha pasado (ojalá) a la historia.

Pero entonces vinieron ellos, los gobernadores. Liberados del control central, que sujetaba con premios y castigos, que hacía posible el futuro político o lo cancelaba, muchos de los mandatarios estatales han hecho de las entidades que dicen gobernar verdaderas ínsulas, en las que se desenvuelven como malos monarcas y pretenden controlarlo todo.

Hablan de soberanía estatal mientras piensan en su propia soberanía. Reclaman las participaciones federales, pero no dan cuenta de ellas. Siempre quieren controlar al Congreso, imponer a su sucesor y comprar imagen y adhesiones.

Los monarcas estatales sexenales, que no lo son todos los gobernadores, suelen rechazar la intromisión federal, a menos que se trate de recibir sus beneficios.

Cuando les conviene son federalistas. Cuando no, aislacionistas. Que nadie se meta con sus cuentas, sus gastos y su cacicazgo.

No alegan, como los monárquicos, derecho de sangre, pero están convencidos de que el manejo patrimonialista de los recursos públicos es su privilegio. Obsesionados con la opacidad, los irrita la transparencia.

Desde que terminó la era del poder político centralizado, los monarcas estatales han edificado paraísos privados. Si el retorno de las decisiones unipersonales desde el centro es indeseable, habrá que encontrar formas efectivas de control para evitar el dispendio y el saqueo de esta oleada de gobernadores que han restaurado el tiempo de los feudos. Algunos pocos han sufrido sustos judiciales y menos aún han ido a la cárcel, pero en funciones no ha habido quien los contenga.

Así es que si en España se debate ahora la permanencia de la monarquía, en México habría que legislar y actuar para que tengamos entidades soberanas, pero no soberanos, gobernadores y no señores feudales, mandatarios y no pequeños dictadores.